La Unión Europea y el Gobierno de España dictaminaron, hace tiempo, que todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes deberían contar en 2023 con una Zona de Bajas Emisiones implantada y en funcionamiento. En la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se concreta y establece que las ZBE deben estar implantadas antes de 2023. En Guadalajara no se cumplirá con esto al menos en todo el próximo año.
Con unas elecciones municipales por medio para las que nadie se atreve a vaticinar un ganador, los actuales responsables del Ayuntamiento han optado por demorar el cumplimiento de la norma hasta 2024, según avanzó sorpresivamente el alcalde, Alberto Rojo, hace ya algún tiempo. Fue el mismo día en que anunció una muy ambiciosa reforma para la plaza de Santo Domingo, sin fechas concretas.
Lo de cortar el acceso a muchos vehículos al «cogollo» de la ciudad no va a ser una medida agradable de acometer, pero habrá que hacerlo antes o después. En el Ayuntamiento de Guadalajara son cada vez más las obras públicas que se justifican como pasos previos de la Zona de Bajas Emisiones, aunque si se empiezan se terminarán incluso después. Hasta ahora, estamos frente a la parte fácil del embrollo: anunciar un aparcamiento de dos plantas junto al cementerio, por ejemplo, no tiene coste electoral salvo que se cometan errores administrativos. Y ni aun así. Decirle a un vecino que su coche es demasiado contaminante y que no podrá acercarse al centro sobre cuatro ruedas, en cambio, le cuesta más trabajo a cualquier político.
Lo que planteaba Alberto Rojo antes de ser alcalde
La idea de reducir los coches en el centro de la capital alcarreña no es nueva. Cuando era candidato a la Alcaldía, en marzo de 2019, Alberto Rojo quería que en este mandado que ya se termina dentro de seis meses la ciudad de Guadalajara tuviera concretado «un nuevo modelo de movilidad» para acabar con los atascos, que él atribuía a Antonio Román. La solución de Rojo era, y en buena medida sigue siendo, reducir el número de coches que circulan por el casco y la creación de aparcamientos disuasorios.
Hablaba Alberto Rojo en 2019 de la necesidad de abrir en estos cuatro años «un debate ciudadano sobre la movilidad en Guadalajara, para ser una ciudad más ágil, sostenible y verde en lo que a transporte se refiere», algo que obviamente no se ha producido. Se comprometía a elaborar «un nuevo plan de movilidad contando con la opinión de todos los vecinos». Un plan con el que, por ejemplo, poder integrar la bicicleta en la movilidad de la ciudad, después de «desmantelar los tramos de carril bici peligrosos», reordenar la circulación en la zona centro o con el que reformar y potenciar la red de autobuses urbanos.
Rojo, que calificaba de «pésimo» el estado general de todo el casco histórico de Guadalajara, se comprometía a hacer rápidamente el desdoblamiento parcial de Ramón y Cajal, una obra que, en cambio, se acaba de terminar, aun a falta de remates. «En los primeros meses de mandato volverá a ser posible circular en doble sentido por la calle Rajón y Cajal, desde la Glorieta de Bejanque hasta el cruce con la calle Pedro Pascual, la que baja del colegio de los Maristas. Es una actuación sencilla, que no supondrá un impacto económico importante y que todo el mundo entiende como necesaria», aventuraba en marzo de 2019.
El caso de Ciudad Real nos orienta
Frente a la demora intencionada en la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara, donde no han hecho nada de pereza es en Ciudad Real. Su mayor diligencia puede servirnos como referencia de lo que se nos viene encima, para cuando llegue.
Así, la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Ciudad Real pasará por pleno para su aprobación este mismo mes de diciembre. Los vecinos tendrán un plazo de 30 días para alegaciones. También se ha aprobado ya el suministro de instalación de señales y la adquisición del suministro de la Plataforma de gestión de la Zona de Bajas Emisiones, financiada por los fondos de la Unión Europea-Next Generation EU.
Según ha señalado en estos días la portavoz ciudarrealeña, la Zona de Bajas Emisiones «se irá implantando de forma muy paulatina para que todos los ciudadanos puedan adaptarse a ella, y solamente se aplicará de lunes a viernes en horario de 07.00 a 20.00 horas; no tendrá efectividad ni los festivos, ni los fines de semana, además se podrán solicitar 10 pases excepcionales al año para los vehículos que no cumplan los requisitos de acceso».
Se instalarán 30 paneles en los accesos de entrada y 22 para las salidas, se reforzará la señalización vertical con señalización horizontal, en las 23 entradas de la ciudad.
El coste, alto, de manejar tanta información para la ZBE
La plataforma de gestión de la Zona de Bajas Emisiones en Ciudad Real, costará más de medios millón de euros. Se trata de «una plataforma informática que permitirá gestionar las autorizaciones y exenciones de manera ágil y eficiente, y la automatización del control de vehículos a la ZBE y de la UVAR peatonal», indican desde el Ayuntamiento de Ciudad Real. Además, permitirá la comunicación entre el interesado y la administración.
Asimismo, los usuarios podrán acceder a toda la información de la ZBE y también consultar y gestionar sus autorizaciones, tanto en la web, como a través de la app ciudadana de Ciudad Real en la que estará integrada. La plataforma de gestión procesará los datos obtenidos por los sistemas de captura, confrontándolos con listas blancas (autorizaciones, exenciones), servidores externos (DGT), servidores del propio Ayuntamiento y parkings públicos.
También realizará la monitorización y análisis de los datos aportados por las cámaras y los sensores ambientales integrados, tales como la evolución de solicitudes de acceso registradas, evolución de los parámetros básicos de movilidad como la intensidad horaria y diaria de vehículos según su tipología y etiqueta ambiental, y el avance de los indicadores de calidad del aire, ruido y CO2. También integrará el control de paneles de señalización variable que darán información actualizada de la ZBE, y los futuros bolardos escamoteables».
Todo eso, para 2023 y funcionando correctamente.
¿Y las multas, qué?
En principio, las sanciones más comunes en el caso de Ciudad Real se baraja que sean las de 75 euros por acceso a la ZBE incumpliendo la normativa. Las más graves, en caso de ser reiterativo en la infracción, podrán llegar a los 500 euros.
Para evitar que la cosa se vaya de control en lo tocante a la paz social, desde el Ayuntamiento de esa capital se anuncia ya que habrá moratorias, por ejemplo, «para los vehículos más contaminantes; los que no tienen etiqueta medioambiental, que estén censados en Ciudad Real, podrán acceder hasta diciembre de 2026 sin hacer nada, porque la propia aplicación lo reconocerá». En eso la ciudad de Madrid ya es mucho más restrictiva, para el interior de la M-30.
Respecto a la categoría de «furgonetas y transporte de mercancías, los vehículos sin etiqueta podrán registrarse en la plataforma y tendrán una moratoria hasta 5 años, para poder entrar hasta el 31 de diciembre de 2027», insistentes fuentes consistoriales ciudarrealeñas.
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