Malos tiempos para la lírica, marcados por las tomas de posición de todos contra todos en la política española. Eso incluye a la derecha del espectro, con repercusiones «en vertical», hasta llegar a los ayuntamientos porque Vox está presentando mociones contra la inmigración en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, con las que buscan obligar al PP a «retratarse», en un contexto en el que los de Santiago Abascal no descartan romper los gobiernos de coalición municipales por las diferencias en esta materia, como ya hicieron con los ejecutivos regionales.
¿Llegará esa amenaza a plasmarse en algo concreto en Guadalajara? Según las fuentes consultadas por LA CRÓNICA, no parece probable.
En Vox, ha constatado este diario, no tienen en principio preparada la presentación de ninguna moción al respecto en la provincia, esencialmente porque los municipios donde hay centros de inmigrantes o donde hay intención de ubicar instalaciones para menores no acompañados (los conocidos como menas), están regidos por el PSOE, solo (Sigüenza) o en coalición (Azuqueca de Henares). Pero el ruido de fondo, por lo apreciado en estas últimas jornadas, seguirá durante una buena temporada y con argumentos como los que a continuación se detallan.
Las políticas para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal son una parte fundamental del cuerpo ideológico de Vox, que no ha rebajado su postura desde la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos tras el visto bueno del PP al plan de reparto de menores migrantes no acompañados.
Expulsión inmediata de «ilegales»
En el texto registrado, Vox pide «la inmediata expulsión» de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en los términos municipales o que sean «enviados a Bruselas», donde, a su juicio, están «las élites que alientan y promueven su llegada». «Se debe trasladar un mensaje claro de que cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España«, señala la moción.
También, que el pleno del ayuntamiento rechace la apertura de centros de inmigrantes y se cierren los que estén en funcionamiento. Asimismo, reclaman que los consistorios impulsen consultas populares en las que se plantee la expulsión de los inmigrantes ilegales que se encuentren en el municipio en cuestión, en aras de «reforzar la seguridad».
Además, quieren que los ayuntamientos hagan declaraciones de «que no apoyan a las asociaciones y ONG que colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal» y promover modificaciones ilegales para evitar fraudes en empadronamientos de inmigrantes ilegales. En definitiva, «rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración alentada y promovida por el PP y el PSOE, coalición en Bruselas», reza el texto.
Vox culpa al PP y al PSOE de la «invasión migratoria», fenómeno que, según denuncian, favorece la «inseguridad» y «pone en riesgo la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos y los derechos sociales de los españoles».
El recién nombrado portavoz nacional sobre temas de inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha sido el encargado de presentar las iniciativas municipales que están encuadradas en un «ambicioso» plan previsto a largo plazo que el partido irá desgranando a lo largo de la legislatura. «Las medidas a nivel territorial son un primer paso», advierte.
Vázquez, que lamenta el, a su juicio, «estado de degradación criminal nunca antes visto» en España, confía en que salgan adelante porque considera que lo propuesto en las mociones de Vox «no es cuestión de ideologías», sino de «proteger a nuestros hijos».
La idea de Vox pasa por forzar al PP a retratarse sobre sus políticas migratorias, y después de que el presidente ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, se haya reunido con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para abordar el férreo modelo de la mandataria en el país transalpino, que ha conseguido reducir la llegada de migrantes en un 60%.
El propio Santiago Abascal valoró positivamente el encuentro entre Feijóo y Meloni y celebró que puede «aprender muchas cosas de ella». Fuentes de la Ejecutiva de Vox, que celebran que la reunión legitima a sus socios internacionales que han sido «demonizados», creen no obstante que el acercamiento de Feijóo a Meloni es «pura retórica» y que el PP no se alinea con Vox en materia de migración. «A Feijóo le da miedo decir deportaciones masivas», resumen.
PACTOS EN PELIGRO
En cualquier caso, Vox ya ha amagado con la ruptura de los pactos suscritos con el PP en más de un centenar de ayuntamientos, como en Valladolid, Toledo o Alicante, si percibe que sus socios no se oponen con rotundidad a la inmigración ilegal, como ya hiciera en julio con los ejecutivos de cinco comunidades autónomas.
Tras el divorcio en las regiones, el apoyo de los de Santiago Abascal a los presupuestos autonómicos también quedó descartado. El propio líder de Vox aclaró al comienzo del curso político que su formación no apoyará las cuentas regionales si el PP no cambia su discurso en materia de migración, que consideran alineado con el PSOE.
Vox está dispuesto a replicar esta postura en los ayuntamientos en los que cogobierna con el PP y no respaldar las cuentas públicas municipales y, llegado el caso, abandonar los ejecutivos. Fuentes de la Ejecutiva del partido avisan a los ‘populares’ sobre dar continuidad a las políticas migratorias actuales, que creen que estimulan la llegada ilegal de inmigrantes.
Las fuentes precisan que Vox no respaldará los presupuestos municipales si incluyen partidas destinadas a inmigrantes ilegales y, en último término, «están dispuestos» a abandonar los consistorios. Alegan que es una postura coherente con sus posicionamientos sobre el asunto y subrayan que no aceptarán vulneraciones a los acuerdos suscritos, que integran medidas contra la inmigración ilegal. «No tenemos ningún miedo a irnos», recalcan.
Abascal ya amenazó en julio con la ruptura de los pactos en ayuntamientos si «colaboraban activamente» en el reparto de menores migrantes con acompañados. En aquel momento, explicó que los consistorios quedaron excluidos de la quiebra de los pactos porque el reparto de los menores «no afecta directamente» a los ayuntamientos.
Quiso matizar que la advertencia excluye a los que «no les quede otro remedio porque se los coloca (a los menores) la comunidad autónoma», pero precisó que Vox no tomaría esa decisión «a la ligera», sino de manera «seria y quirúrgica».