Vox se ha referido este miércoles a "graves amenazas" que ponen en evidencia, según ese partido, "un plan oculto del Gobierno socialista y sus aliados para cerrar el trasvase en esta legislatura, lo que está en armonía con otras estrategias de estrangulamiento de la economía en Andalucía y Murcia con la intervención de sus recursos financieros".
Esta actuación "regresiva" contra las regiones leales a España, como las califica, "contrastan con los privilegios otorgados al separatismo en Cataluña", afirma la formación de ultraderecha, por lo que asegura que Vox se reafirma en su convicción de que "no sólo la agricultura y la economía están en peligro, sino que la propia unidad de España es moneda de cambio en estos momentos de dificultad para nuestra patria".
Según el partido que lidera Santiago Abascal, Vox apoya a los regantes españoles y está convencido de que se puede mantener a "pleno rendimiento" el sector agrícola de la zona y preservar el ecosistema del Mar Menor.
En este sentido, afirma que "por segunda vez el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no trasvasar agua para los agricultores del Levante español, violando los acuerdos de la comisión técnica de explotación del trasvase Tajo-Segura, que asegura que si existen recursos disponibles".
Además, en esta ocasión el pretexto del Gobierno socialista ha sido, según Vox, "la contaminación del Mar Menor como consecuencia de las supuestas malas prácticas agrarias del campo de Cartagena y el resultado es un desprecio intolerable al trabajo de todos los agricultores de Murcia, Almería y Alicante, que se han visto privados de un derecho de forma arbitraria".
Hasta ahora, el funcionamiento del Memorándum había automatizado las decisiones sobre el trasvase, "pero desde este momento la ministra ha secuestrado esta norma y la ha sometido a su voluntad sin atender a criterios técnicos".
A esta "amenaza" para la continuidad del trasvase se une la reciente "amenaza" del socialista García-Page de "imponer nuevos caudales ecológicos en el Tajo con el pretexto de la Red Natura 2000 que supuestamente son más exigentes que los establecidos en la Ley de Aguas".
Así, Vox pregunta al Gobierno "si va a permitir que un sistema de protección ambiental diseñado para otros fines pueda ser usado en fraude de ley para cerrar la infraestructura hidráulica más eficiente y productiva de España y arrojar a Europa a un problema de inseguridad alimentaria".
