Son socios de gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara aunque a veces no lo parezca. Este martes, el más locuaz de los concejales de Vox en la capital alcarreña ha planteado como una posibilidad la eliminación de la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara, que es obligatoria por mandato del Gobierno de España y de la Unión Europea.
Es probable que los concejales del Partido Popular se enteren de esta intención por LA CRÓNICA, ya que desde Vox aún no les han comentado nada al respecto porque todavía es algo que están estudiando, recordando, además, que es una iniciativa de su formación política, en línea con lo expresado por sus dirigentes nacionales.
Su implantación es responsabilidad directa de José Luis Alguacil, concejal del PP y que forma parte, al igual que los cuatro ediles del partido de Santiago Abascal, del equipo municipal a las órdenes de la alcaldesa Ana Guarinos. Los 13 votaron a favor de su implantación hace unos meses, cuando se trató la cuestión en un pleno de la Corporación.
Entrando en el detalle, Vox dice ahora que no cierra la puerta a tumbar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital, que en principio entrará en vigor plenamente el próximo 1 de enero de 2025. Y si no se llega a tanto, intentarán buscar la forma de «que haga el menor daño posible al comercio del centro y a la ciudad».
Así lo ha puesto de manifiesto este martes Víctor Morejón, el concejal de Vox que es responsable en el Ayuntamiento de Guadalajara del área de Turismo, Comercio y Casco Histórico de la ciudad. La ocasión lo propiciaba, puesto que estaba ante los periodistas en la presentación de una campaña de descuentos, con el aparcamiento de Santo Domingo como escenario y excusa. La idea es facilitar la comprar en los comercios del centro de Guadalajara con descuentos a la hora de aparcar. Cuando se ponga en marcha la ZBE este tipo de aparcamiento, subterráneo, será el único al que puedan optar muchos usuarios, junto con las plazas disponibles de zona azul.
Morejón ha insistido en que su formación no está de acuerdo con la ZBE y ha advertido que, por ello y ante el daño que, a su juicio, puede hacer al pequeño comercio del centro de la ciudad, están estudiando «de que forma se le puede hacer el menor daño posible», sin descartar pedir su eliminación.
Intentar la eliminación de la ZBE
«La eliminación también podría contemplarse», ha subrayado. Su postura pasa, o bien por conseguir que no se aplique o por lograr que se atenúe. En todo caso, quieren buscar una solución que perjudique lo menos posible también a los ciudadanos y a la ciudad, ha insistido.
«Tenemos ya Madrid como previo y estamos analizando cualquier posibilidad en Guadalajara, pero se está estudiando. Queremos ver cómo lo hacemos y hacer el menor daño posible a los ciudadanos que entren en la ciudad», ha abundado.
«Es más que sabido que no estamos a favor de la ZBE, pero, hay cosas que cuando uno gobierna en coalición tiene que ser un poco receptivo y analizar cada puntualización. En este caso, mientras se buscan otras soluciones, toda la ayuda que venga para el comercio es buena», ha concluido.
Madrid y la ZBE, un ejemplo cuestionable
Vox se ha lanzado desde sus órganos directivos nacionales a una campaña para reclamar la derogación de las zonas de bajas emisiones, aprovechando una reciente sentencia sobre Madrid360, que aún no es firme.
Casi a la misma hora que en Guadalajara, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Ansaldo, calificaba el fallo judicial que anula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya recurrido, como «un derechazo a las políticas progres» del PP, mientras que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha contestado que sólo ve, tanto en la izquierda como en Vox, meros «negacionistas de la realidad».
Ansaldo ha propuesto en el Pleno de Cibeles una moratoria a la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta censada, cuya entrada en vigor está programada para el 1 de enero de 2025, una medida que podría afectar «a un millón de madrileños», según Vox, «15.000» en cálculos de Carabante.
Hace hoy una semana «saltó la noticia bomba», cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró ilegales las restricciones de la ordenanza de movilidad, «74 páginas de música celestial para Vox y los madrileños».
«Dice que su procedimiento fue irregular. Dice que restringe derechos fundamentales. Dice que aplica una falta de proporcionalidad desmedida. Dice que no hace una transición justa. Dice que no tiene en cuenta y perjudica a los más desfavorecidos, a las familias menos pudientes, a los estudiantes, a los trabajadores, a las pequeñas empresas y a los autónomos», ha enumerado, además de atacar el «desmedido afán recaudatorio a base de multas».
Carabante, en cambio, subraya que la sentencia «pone en valor» la estrategia Madrid 360 «porque habla del informe medioambiental, donde dice que tiene impacto positivo».
«Madrid 360 es un modelo de éxito que vamos a seguir implantando porque ha alcanzado los objetivos que perseguíamos, que era cumplir la Directiva Europea de Calidad del Aire».
