El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha firmado un acuerdo con la consejera de Igualdad, Sara Simón, a través del cual la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) pone a disposición del Instituto de la Mujer la totalidad de su parque de viviendas para que puedan alojarse mujeres víctimas de violencia de género.
En una rueda de prensa conjunta en el Palacio de Fuensalida, el titular de Fomento ha informado de que, gracias a este convenio, unas 50 mujeres víctimas de violencia de género ya han podido alojarse en una de estas viviendas.
Según Nacho Hernando, este acuerdo es, probablemente, de «los más importantes» que se pueda alcanzar en el seno de un gobierno. Un Gobierno, el de Castilla-La Mancha, que cuenta con una red «muy potente» de Centros de la Mujer, cuyas trabajadoras son «esa ventana siempre abierta, esa mano tendida, esas personas que escuchan atentamente sin juzgar y solamente para querer ser parte de la solución ante los enormes problemas que pueden estar afrontando las mujeres que sufren la violencia de género, al igual que sus hijos».
El Gobierno regional cuenta con viviendas de acogida y toda una serie de recursos, ha afirmado el consejero, pero «cuando todo ello se ha utilizado», hay que tener «resortes de extrema urgencia» y opciones que se salen del circuito habitual y que «nos permiten el poder tener todos los recursos a disposición de quienes en un momento dado ven que para salvar su integridad física y la de sus hijos e hijas tienen que salir de la vivienda que están compartiendo por desgracia con un maltratador», ha asegurado el titular de Fomento.
Este convenio que hoy se ha rubricado permite que, ante cualquier emergencia que se señale desde la Consejería de Igualdad, del Instituto de la Mujer, las delegaciones provinciales de Igualdad, o desde los centros de la mujer, una de las miles de viviendas adscritas a la empresa pública Gicaman pueda ser alquilada de forma prioritaria a una mujer víctima de violencia de género y a sus hijos.
Lo que se plantea, según el consejero de Fomento, es un alquiler simbólico de 1.000 euros al año para poder sufragar los costes aparejados al uso de la vivienda. Se trata de 1.000 euros que el Instituto de la Mujer ingresa a Gicaman, que es la empresa pública que tiene la titularidad de las viviendas.
Ya son 50 las mujeres víctimas de violencia de género a las que se les ha podido ayudar gracias a este plan de contingencia y ‘plan b’, ha dicho el consejero, quien ha confesado que le hubiera gustado que ninguna de esas mujeres se hubieran tenido que ver en la necesidad de hacer uso de este recurso.
Acciones «transversales» de la Administración regional
Dicho este, Hernando ha celebrado este convenio, sobre todo en un momento en el que la política está «tan denostada». «La política realmente es esto, ayudar a las personas que peor lo están pasando, en el peor momento de su vida», ha incidido.
De su lado, la titular de Igualdad ha recalcado que hoy se firma un convenio, pero lo que se hace en realidad es poner de manifiesto la acción transversal del Gobierno de Castilla-La Mancha «para conseguir una sociedad más justa, una sociedad en el que las mujeres no tengamos que ser víctimas o que si lo somos podamos tener las herramientas para salir de esa espiral del dolor y del terror».
Este convenio, a su juicio, es «importantísimo» aunque sólo sirviese para que una sola mujer pudiese tener una alternativa habitacional a vivir en su casa con su maltratador.
Sara Simón ha aprovechado esta comparecencia para hacer un llamamiento a todas esas personas que tienen sus viviendas en el mercado y que pueden ayudar a todas esas mujeres a darles refugio.
Les ha pedido que sean «sensibles a la demanda» de todas esas mujeres que muchas veces tienen los recursos y si no los tienen de manera propia, el Gobierno de Castilla-La Mancha se los facilita, y que en algunas ocasiones no encuentran viviendas para poder alquilar.