El descuento de 20 céntimos por litro de combustible expira el 31 de diciembre de 2022. Sobre su continuidad, fuentes del Gobierno señalan que están apurando hasta el último momento para decidir si lo prorrogan o no. La decisión del Ejecutivo depende, aseguran, del precio del barril de petróleo y de la perspectiva de su evolución para los próximos meses.
Las mismas fuentes indican que el precio actual «es adecuado» aunque existe la posibilidad de que países productores como Arabia Saudí reduzcan su producción, lo que provocaría un nuevo aumento del precio. Además, descartan que esta medida, que actualmente beneficia por igual a todos los conductores, se pueda volver progresiva en función de los ingresos: no hay forma de aplicar un nuevo criterio en razón de la renta del consumidor y, mucho menos, de controlarlo.
Los gasolineros, preocupados
Hace días, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ya reclamaba al Gobierno «certidumbre y diálogo» para consensuar qué sucederá a partir del próximo 1 de enero con la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante vigente hasta el 31 de diciembre, para evitar «el absoluto caos» del pasado mes de abril.
En un comunicado, la patronal de los gasolineros, que aseguró que a día de hoy la Administración no se ha puesto en contacto con ella para explicar qué sucederá con la bonificación, pide al Ejecutivo «un diálogo abierto y transparente», con el objetivo de poder preparar los sistemas informáticos de las estaciones de servicio para el nuevo escenario que se tenga con el inicio del año.
En este sentido, CEEES recordó que el modo en el que la Administración decidió comunicar e implantar la bonificación el pasado 1 de abril «generó un absoluto caos en la mayoría de las estaciones de servicio españolas», que tuvieron apenas 40 horas para implementar los cambios necesarios en sus sistemas informáticos, «perfectamente capaces de hacer descuentos comerciales pero que no estaban preparados para hacer bonificaciones».
A este respecto, estimó que esas adaptaciones y la extrema urgencia con la que hubo que desarrollarlas supusieron un coste sobrevenido para las empresas del sector de más de 3.000 euros por estación de servicio.
Asimismo, CEEES indica que desde hace más de un año viene defendiendo que la rebaja impositiva sería «la mejor opción», tal y como se ha aplicado a otras energías, como la electricidad y el gas.
Por otra parte, el presidente de la patronal, Jorge de Benito, señaló que, con el actual sistema por el que la subvención es adelantada por las estaciones de servicio, los empresarios del sector vienen «actuando como banqueros de la Administración casi ocho meses».
Reducir precios en Alimentación
Por otra parte, el Gobierno estaría estudiando medidas para contener el precio de los alimentos, que podrían anunciarse antes de final de año. Así lo has señalado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en conversación informal con periodistas en el Congreso durante el 44 aniversario de la Constitución.
Según Sánchez, el tercer paquete de medidas para contrarrestar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania será «ambicioso», contará con propuestas nuevas y la prórroga de otras que ya están en vigor.
El presidente ha señalado que el Gobierno está analizando cómo contener los precios de los alimentos, que son los que más están elevando la inflación, después de que el Ejecutivo ya pusiese en marcha varias iniciativas para contener el precio de los combustibles y de la energía.
Según los últimos datos de noviembre, la inflación ha bajado alrededor de cuatro puntos en los últimos cuatro meses, principalmente por la bajada del precio de los combustibles y de la energía. Por el contrario, los alimentos siguen al alza y en octubre su tasa avanzó un punto, hasta el 15,4%, la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994. Destaca, especialmente, el encarecimiento de las legumbres y hortalizas, la carne, y la leche, el queso y los huevos.
Sánchez ha avanzado esta medida después de que fracasara el intento de topar los precios de la cesta de la compra a través de un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados. Esta medida fue impulsada el pasado mes de septiembre por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.