Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara ha puesto fin, en primera instancia, al pleito que mantenía una funcionaria de la provincia con el SEPE, el servicio público de empleo. Según ha resaltado el sindicato CSIF, con la decisión de la magistrada se ha logrado el reconocimiento de la prestación de desempleo para una funcionaria en excedencia, que había solicitado el reingreso a su puesto de trabajo aunque éste no se produjo.
La afectada había dejado en excedencia su puesto como funcionaria de carrera del Grupo C2 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para ocupar de manera temporal un puesto como interina de Técnico Superior del Grupo A en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. El 15 de agosto de 2022 cesaba en esta última responsabilidad al ser cubierta la plaza por un funcionario de carrera.
La solicitud de reingreso al puesto que tenía en titularidad fue inmediato, el día siguiente a su cese, elevando escrito el 16 de agosto. Sin embargo, su solicitud no tuvo respuesta por parte de Función Pública; pasaban los días y no procedía a reincorporarla a ningún puesto de trabajo, recibiendo como contestación que la única solución posible, mientras se tramitaba su reingreso, era solicitar la prestación por desempleo hasta que se pudiera reincorporar a su puesto de trabajo.
Así lo hizo el día el 2 de septiembre, cuando llevó a cabo la solicitud de prestación, pero la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Guadalajara se la denegó argumentando que durante el periodo de solicitud de reingreso y la efectiva readmisión no se acredita situación legal de desempleo al encontrarse en excedencia y no haber resolución de la Administración de destino.
Ante el desamparo que sufría esta trabajadora, CSIF llevó a cabo un proceso judicial que ha tenido como resultado el reconocimiento de su situación legal de desempleo y la prestación inherente a la misma por parte del SEPE hasta su reincorporación, que se produjo finalmente el 28 de septiembre del pasado año.
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.