Es altamente improbable que en la oficina del Defensor del Pueblo hubiera hasta ahora alguien capaz de localizar en el mapa y sin ayuda dónde se encuentra Jirueque. Tampoco son tantos los que pueden hacerlo correctamente en la provincia, al menos sin recurrir a Google Maps. Como tampoco son escasos los que confunden Jirueque con Trijueque, bien diferentes. Con sus 55 vecinos, este pequeño pueblo de Guadalajara se ha hecho notar últimamente en el caserón de Madrid en cuyo despacho principal se sienta desde hace poco el socialista Ángel Gabilondo.
Todo viene a cuenta de una disputa, de la que tenemos la versión del portavoz del Partido Popular de Jirueque, Aitor Pérez. Este edil pregona «la absoluta falta de transparencia y malas artes» del equipo de Gobierno socialista del municipio, encabezado por el alcalde, Luis Barahona. ¿El motivo? Los expedientes administrativos relativos a las propiedades municipales conocidas como La Dehesa, unas tierras que el Ayuntamiento alquila a agricultores de la zona.
Tres años cuestionados
Pérez ha recurrido al Defensor del Pueblo y asegura que éste le ha dado la razón. Además, afirma contar con dos sentencias favorables, con fallos definitivos. Una de ellas, de diciembre de 2021, dictaba que en un plazo de tres meses el Ayuntamiento debería facilitar esta documentación, «plazo que ha expirado, han pasado seis meses, y todavía seguimos esperando». La otra sentencia es relativa a una denuncia del concejal del PP porque las citaciones llegaban tarde y no pudo asistir a las comisiones y pleno, respecto a lo cual la Justicia ha dictado la anulación de los acuerdos de ese pleno.
El portavoz popular insiste en que desde que comenzara la legislatura ha solicitado «en multitud de ocasiones» al alcalde la documentación relativa a La Dehesa y le ha sido denegada ofreciendo «excusas injustificables». El alcalde habría llegado a argumentar, para no facilitar esa documentación, que el anterior equipo destruyó la información relativa a los arrendamientos de estas tierras de propiedad municipal. Una afirmación que «es completamente falsa», sostiene Pérez. Además, en el caso de no disponer de esa documentación en el Ayuntamiento, «el alcalde podría pedirla a la Diputación solicitando esos expedientes o en la propia APAG».
El PP reclama los contratos sobre estas tierras durante los últimos tres años, desde el inicio del actual mandato. El pasado 28 de junio apareció publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el concurso de arrendamiento de esos terrenos.