La vista está señalada para el 5 de abril, por unos hechos ocurridos en 2017 en Cabanillas del Campo pero las redes sociales no han esperado ni a las vísperas para movilizarse por la cuestión, generalmente en favor de los acusados. Todo se desató cuando la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) anunció que los ocho activistas citados, miembros de la Plataforma de Afectados en Defensa del Derecho a Vivienda (PAH) no asistirán al juicio en el que se enfrentan a penas de entre 1 y 3 años y medio de prisión.
Las muestras de apoyo se han sucedido de manera intensa, sobre todo en Twitter, como se puede comprobar al ver que en apenas tres días el tuit de la Plataforma Antirrepresiva superaba las 61.000 visualizaciones:
Acusados en rebeldía
Lo que se juzgará en el Palacio de Justicia de Guadalajara es qué pasó durante la protesta que el 5 de diciembre de 2017 realizaron en la sucursal de Caixabank de Cabanillas del Campo, en la que reclamaban el aplazamiento de un desahucio de una familia de la localidad previsto pocas semanas después. Para no asistir a la vista del juicio se fundan en la decisión de la jueza de celebrarlo a puerta cerrada, pues consideran que con ello «busca evitar la presencia de los observadores de Amnistía Internacional que solicitaron formalmente su asistencia».
Los encausados se declaran en rebeldía y aguardan su detención. «Nos tendrán que sentar en el banquillo esposadas, y con toda la sociedad de Guadalajara como testigo; porque sí, somos culpables de impedir que Caixabank dejara en la calle a una familia», ha señalado la Plataforma Antirrepresiva en nota de prensa.
El papel de Amnistía Internacional
Según Amnistía Internacional, este caso presenta características graves de vulneración del derecho a la protesta pacífica. El organismo, «manifiesta preocupación por el hecho de que estas ocho personas fuesen privadas de libertad por espacio aproximado de ocho horas y enfrenten penas de privación de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia y de coacciones, pese a la naturaleza totalmente pacífica de la acción de desobediencia civil realizada».
Tal y como recuerda la PAG, el juzgado, en el juicio que se iba a celebrar inicialmente el pasado 30 de noviembre, impidió el acceso a la Sala de Vistas de los observadores de la ONG, así como del público interesado en acudir al juicio, «en un acto insólito precisamente por el interés suscitado por el proceso. No obstante», la vista se suspendió por la huelga que mantienen hasta el día de hoy los Letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales).
Sin embargo, la providencia firmada por la magistrada titular ha acordado, esta vez por escrito, que «el juicio que se ha señalado para el 5 de abril sea vedado al público, incluyendo a los observadores independientes». La defensa de las personas imputadas ha recurrido la decisión, recurso que, según la PAG, «probablemente sea resuelto por la Audiencia Provincial de Guadalajara, y donde el juzgado, sin esperar dicha resolución, ha ordenado celebrarlo igualmente».
Derecho a un juicio público
Según la defensa de los activistas, el derecho a un juicio público es un derecho «de alcance constitucional y una garantía de las personas acusadas que solo puede prescindirse de él de manera muy excepcional y justificada». Según la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, esta decisión revela que «no va a haber un juicio justo».
Desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara han anunciado que no pueden asumir someterse a un juicio sin garantías. «Un juicio en el que no se respetan las garantías básicas de quien es sentado en el banquillo, es una condena segura», por lo que no van a asistir a una vista «donde se pretende impedir que un proceso, que será analizado como caso testigo en materia de derechos humanos en instancias internacionales, se realice sin que la sociedad en su conjunto pueda evaluar si fueron respetados los derechos de todas las partes. Un juicio que comienza cercenando garantías no podemos convalidarlo con nuestra participación».
La ley de enjuiciamiento criminal permite celebrar el juicio en ausencia de los acusados siempre y cuando las penas solicitadas no excedan de los 2 años de prisión, pero al formular Caixabank acusaciones superiores, es obligatoria su intervención en el juicio,» lo que aboca a que las personas imputadas sean puestas en búsqueda y captura al no presentarse voluntariamente».
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha anunciado que las #8deCaixabank no se presentarán a juicio en estas condiciones. «Nos tendrán que llevar por la fuerza, y con toda la sociedad de Guadalajara como testigo».