César Tolosa tuvo su primer destino, hace muchos años, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón. Fue mucho antes de entrar, en 2014, en el Tribunal Supremo, ya que cuando se avecindó en la capital del Señorío era 1982, allá cuando el PSOE empezaba a cambiar la política española. Otros socialistas, 40 años después, no son ajenos sino todo lo contrario a la intensa crisis judicial en la que también está jugando un papel muy activo, por lo pasivo, el Partido Popular. El juez Tolosa tiene algo que decir ahora en toda esta cuestión.
Este jueves se ha sabido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un Pleno extraordinario el próximo 20 de diciembre, a las taurinas cinco de la tarde, para votar a los candidatos que le corresponde designar para el Tribunal Constitucional.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado que en el orden del día consta el punto relativo al nombramiento de los magistrados que han sido propuestos, en referencia a los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas, pero podrán sumarse más aspirantes.
La convocatoria tiene lugar después de que, la víspera, el bloque conservador propusiera a Tolosa y Lucas para conseguir que el presidente interino, Rafael Mozo, convocara un Pleno extraordinario que permita votar y elegir a los dos nombres que debe designar el órgano de gobierno de los jueces antes del 22 de diciembre, cuando se prevé que quedará aprobada la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que favorecería al actual aspirante del sector progresista, José Manuel Bandrés.
César Tolosa Tribiño ha tenido una larga carrera desde sus inicios molineses. Además de lo ya detallado, en 2004 fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Supremo. Allí, en septiembre del 2020, fue elegido presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo.
Pablo Lucas es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. Es el encargado de controlar la actividad del CNI y estaba en el primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas el pasado octubre.