Ni con el macrojuicio vivido hace meses en la Audiencia Provincial ni con los muchos años de investigación, tiempo atrás, sobre conocidos empresarios de la provincia ha sido suficiente para que Guadalajara no vuelva a ser noticia por un gran fraude del IVA. Y sí, de nuevo estamos ante una trama que operaba en el sector del comercio de productos informáticos.
Este viernes, la Policía Nacional ha dado a conocer desde la capital de España que se ha desarticulado una banda, con ramificaciones en América Latina, a la que se atribuye un fraude de IVA de más de 25 millones de euros. En la operación se han llevado a cabo 13 registros, en Madrid, Guadalajara y Cádiz. Hasta el momento, las diversas fuentes policiales consultadas por LA CRÓNICA no han facilitado más detalle sobre lo realizado en la provincia.
Sí que está confirmado que se han intervenido bienes por valor de más de 4,8 millones de euros, lo que incluye casas, vehículos, dinero en efectivo y objetos de gran valor. También se han congelado centenares de cuentas bancarias en España, Bélgica, Lituania y Rumanía.
Para añadirle una nota casi surrealista al asunto, el principal investigado, una persona con numerosos antecedentes policiales y judiciales, contaba en su domicilio con numerosos reptiles y especies exóticas, 135.000 euros en efectivo y una colección de relojes de lujo.
Los implicados utilizaban estructuras y medidas de seguridad propias de los grupos del crimen organizado, incluidas aplicaciones de comunicación electrónica, para evitar la detección por parte de las autoridades. Se les seguía la pista desde hace dos años, puesto que en 2021 comenzó a funcionar a pleno rendimiento este entramado.
Fraude en el IVA y competencia desleal
Los delincuentes se aprovechaban de la normativa europea sobre operaciones transfronterizas entre los Estados miembros, que están exentas de IVA para evitar la doble imposición fiscal.
Lo que es un mecanismo lógico para no penalizar las operaciones en un sistema de libre mercado intracomunitario era la base del fraude: la trama utilizaba una cadena de sociedades ficticias –denominadas ‘missing traders’– que desaparecían sin cumplir con las obligaciones fiscales, mientras que otras empresas de la trama reclamaban a Hacienda devoluciones de ese IVA que nunca se había llegado a ingresar en las arcas públicas.
Además del fraude fiscal que generaba esta operativa, al no pagar el IVA sobre los bienes en ninguna etapa de la comercialización, la empresa principal pudo distribuir esos productos a precios muy inferiores a los de mercado, lo que situaba a la empresa en una posición muy privilegiada, reforzando su facturación y llegando a expulsar del mercado a otros competidores.
De acuerdo con la investigación realizada, la estructura corporativa, nominalmente dirigida por testaferros, canalizó grandes sumas de ganancias ilícitas hacia la adquisición de inmuebles.