La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha pedido prisión provisional comunicada y sin fianza para el ex juez Fernando Presencia, del que aún se recuerdan sus años de ejercicio en Talavera de la Reina y los múltiples encontronazos con sus superiores jerárquicos. Está imputado como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a elaborar «denuncias mendaces» sobre numerosas autoridades, incluidos magistrados del Tribunal Supremo (TS), para captar donaciones supuestamente destinadas a la lucha anticorrupción cuyo verdadero objetivo sería el «enriquecimiento ilícito propio».
Así lo ha interesado el Ministerio Público después de que Presencia declarase este jueves ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, por la imputación de dos nuevos delitos –blanqueo de capitales y alzamiento de bienes–, que se suman a la larga lista de delitos por los que ya venía siendo investigado, entre ellos organización criminal, estafa agravada e injurias.
Según ha informado el Ministerio Fiscal, la medida cautelar está justificada por el riesgo de fuga y de que cometa otros hechos delictivos, así como por la potencial ocultación de fuentes de prueba.
Presencia ha sido puesto a disposición judicial por la Policía Nacional, que le detuvo el miércoles por la tarde, horas después de que Gadea ordenara su busca y captura tras no acudir a la comparecencia que tenía fijada para ese día.
De esta forma, Fiscalía solicita las mismas cautelares que se dictaron el miércoles para los tres imputados que sí comparecieron –Alberto Royuela, su hijo Santiago y Juan Martínez Grasa–. En su caso, apunta a posibles delitos de estafa, apropiación indebida, asociación ilícita y organización o grupo criminal.
Según Gadea, la investigación permite afirmar que se trata de «una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia, quien habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas».
Precisa que, bajo la cobertura de la asociación ACODAP, Presencia y los Royuela tendrían un papel esencial en la fabricación de las «denuncias y documentos mendaces» que las acompañan. Después, éstos, junto a Juan Martínez, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga –que tampoco comparecieron– se encargarían de poner denuncias ante distintas instituciones, ocupando Lidia Reina –también ausente ayer– un papel clave en su distribución en Internet y otros canales.
«MERAS MAQUINACIONES»
Para el juez, existen múltiples indicios que permiten concluir que las denuncias presentadas por ACODAP eran «meras maquinaciones». «Todo ello permite inferir que la organización ACODAP no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía la corrupción», expone Gadea.
Con todo, indica que ACODAP «sería en realidad el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno, y que la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas».
En el marco de este «engaño», relata el instructor, las denuncias mendaces contra las altas instituciones del Estado y otros representantes públicos «serían el componente necesario para seguir con la lucrativa actividad que tan altos rendimientos les estaría dando», publicitando su actuación a través de redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación. Precisamente, la difusión de las denuncias era un paso «indispensable» en la amplificación del «engaño».
Cabe recordar que Gadea comenzó a investigar en junio de 2022, a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos su entonces presidente y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Poco antes, el Supremo había denunciado a Presencia ante el CGPJ por difundir «imputaciones radicalmente falsas» y «calumniosas» que no guardan relación alguna con la «verdad» sobre la situación patrimonial de los magistrados del tribunal.