En una Fiscalía casi absolutamente copada por mujeres desde hace muchos años escasean los fiscales varones, incluso en el recuerdo. Uno de ellos es Fernando Prieto, protagonista de la penúltima polémica del insuperablemente polémico fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El antiguo fiscal de Guadalajara ocupará la plaza que ha dejado vacante tras su jubilación el fiscal Joaquín Sánchez-Covisa. Actualmente, está destinado en la Fiscalía del Tribunal Supremo, a la que se incorporó en 2006.
Prieto se ha encontrado en medio de la última decisión de García Ortiz, que ha sido la de desmarcarse del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal y proponer al antiguo fiscal de la Audiencia de Guadalajara para ser uno de los jefes de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo.
Para que haya salido adelante la designación no ha importado que contase con 6 votos en contra y sólo 5 a favor. El nombre de Prieto ha recibido el apoyo de García Ortiz, los 2 vocales electos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las 2 vocales natas –la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz–. Por su parte, los 6 vocales electos de la Asociación de Fiscales (AF) han respaldado a la fiscal Ángeles Garrido, con más apoyos pero perdedora por la voluntad del Fiscal General, ya que que el criterio del Consejo Fiscal en este caso no es vinculante.
Fernando Prieto es conocido en esta su más reciente etapa como uno de los fiscales del alto tribunal que llevó la causa de los ‘ERE’ y defendió en 2021 que debían confirmarse todas las condenas, incluidas las de los expresidentes andaluces José Griñán y Manuel Chaves.
Prieto es fiscal desde 1984, ha ejercido en las Fiscalía de Santander y, como ha quedado dicho, también en la de Guadalajara. En la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido decano de la sección penal y de la sección de Plaza de Castilla; coordinador del servicio de Violencia de Género y Coordinador de las relaciones con la Policía Judicial, especialmente en materia de delincuencia organizada.
Para este cargo también se habían postulado dos de los fiscales del ‘proces’, Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Ambos se negaron a acatar la orden del fiscal general de pedir que se aplicara la amnistía a la malversación que se le atribuye a los encausados y condenados por el ‘procés’ en el Tribunal Supremo.
Figuraba a su vez entre los candidatos el fiscal Álvaro Redondo, que se opuso a que el Tribunal Supremo investigara por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en el marco de la ya archivada causa de ‘Tsunami Democràtic’.