Gestionar los residuos de alta y media actividad de las centrales nucleares españolas y su combustible gastado es 2.124.915.000 euros más barato en un almacén temporal centralizado (ATC) que con la alternativa de gestión de un almacén temporal descentralizado en cada planta nuclear, según consta en el borrador del VII Plan Nacional de Residuos Radiactivos.
Este Plan junto con su Evaluación Ambiental Estratégica ha sido publicado este lunes por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para cumplir con el trámite de información pública hasta el 16 de junio. De sus primeras consecuencias ya había informado LA CRÓNICA, puesto que implica que los residuos nucleares seguirán guardándose por tiempo indefinido en Trillo y en Zorita.
De acuerdo con el borrador, el coste total de la gestión y el desmantelamiento del parque nuclear desde 1985 hasta el año 2100 ascenderá a 24.435.846.000 (24.435,84 millones de euros) si el Gobierno opta por la construcción de un solo Almacén Temporal Centralizado, frente a los 26.560.761.000 (26.560,76 millones de euros) en el caso de optar por Almacén Temporal Descentralizado, es decir, con su gestión en el mismo emplazamiento donde se encuentra cada central nucleares, pero con una especie de refuerzo de medidas respecto a los actuales almacenes temporales individualizados.
Este importe incluiría los costes de gestión previa, almacenamiento temporal, aportación a los ayuntamientos, impuesto ecológico, clausura, I+D y otras actuaciones.
Enresa seguirá teniendo carga de trabajo
Por un lado, para el coste de desmantelar y clausurar las instalaciones nucleares se incluye los costes relativos al estudio, actividades preparatorias y a ejecutar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares, así como la latencia de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona) sin considerar la gestión definitiva de los residuos generados en este desmantelamiento.
En concreto, se tendrán que desmantelar y clausurar las instalaciones de la primera parte de combustible nuclear de la fábrica de Juzbado; restaurar y vigilar las antiguas minas de uranio; clausurar y vigilar las fábricas de concentrados de uranio de La Haba y Saélices el Chico. Por otro lado, es necesario desmantelar y clausurar las instalaciones del proyecto PIMIC del Ciemat; cubrir las asignaciones a ayuntamientos en el entorno de las centrales nucleares que estén en desmantelamiento.
Para todo ello, Enresa estima que para la operación del Almacén Temporal centralizado (ATC) necesitará unas 75 personas. Mientras, para cada una de las instalaciones de almacenamiento en la alternativa de almacén temporal descentralizado (ATD) calcula que requerirá 12 personas y para al Almacén Geológico Profundo, otras 125 personas más.
Por otro lado, Enresa necesitará 35 personas para ejecutar el desmantelamiento y clausura de cada central nuclear, considerando los recursos en total en 119 personas, si se suma las de la sede central y la instalación.
En cuanto a los emplazamientos con dos reactores –ese es el caso de Almaraz y Ascó– desmantelar las instalaciones requerirá el trabajo de 15 personas adicionales a las anteriores. Mientras, la operación de desmantelar el almacén de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba) necesitará de unas tres personas adicionales por cada desmantelamiento en curso.
De ese modo, calcula que los costes de gestión de los residuos de baja y media actividad desde 2023 hasta 2100 alcanzarán 2.327.901.000 euros en el caso de que hubiera ATC y 2.494.716.000 euros con la opción del ATD.
Decisión política, no económica
En resumen, los costes totales de la gestión de este tipo de residuos desde que se puso en marcha Enresa en 1985 hasta el año 2100 llegarán a unos 3.877.649.000 euros si la opción es el ATC y 4.044.464.000 si se opta por el ATD.
En cuanto a los costes de la gestión de combustible nuclear gastado, los residuos radiactivos de alta actividad y residuos especiales, las actuaciones incluyen desde la gestión previa, el almacenamiento temporal; el reprocesado (relativo a los residuos de la central nuclear de Vandellós I que están guardados en Francia y los de Santa María de Garoña en Reino Unido); la gestión definitiva, esto es la búsqueda, caracterización, emplazamiento, diseño, construcción y operación, cierre, sellado y vigilancia del almacén geológico profundo, así como el seguimiento a nuevos desarrollos tecnológicos. Estos costes incluyen también las asignaciones a ayuntamientos y el impuesto ecológico.
En ese concepto, el de los costes totales por la gestión del combustible gastado, los residuos de alta actividad y los reprocesados, ascendería a 11.762.117.000 euros si España opta finalmente por un ATC frente a los 13.696.646.000 euros de coste de su alternativa de ATD.
De este importe, el coste total de desmantelar y clausurar las instalaciones entre el periodo de 1985 y 2100 ascendería a 5.412.849.000 en el caso del ATC y 5.436.420.000 euros en la opción del ATD.
De estos presupuestos el borrador del VII Plan de Gestión de Residuos que aprobará el Gobierno posiblemente en el curso del verano, observa que gestionar el combustible gastado y los residuos de alta actividad es la que mayor coste futuro representa del total de la gestión. En concreto, este importe de gestión estaría en torno al 50 por ciento en el caso de la alternativa del ATC y del 54 por ciento en la alternativa del ATD.
En 2004 el Parlamento dio mandato al Gobierno para poner en marcha las actuaciones necesarias para la identificación del emplazamiento y construcción de un ATC que finalmente fue designado en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) el 30 de diciembre de 2011. Sin embargo, la designación ha pasado por distintos avatares, desde la oposición del gobierno de Castilla-La Mancha y los grupos ecologistas, hasta que en 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez paralizó su construcción.
Desde entonces, ante la falta de un emplazamiento que recogiera en un mismo lugar todos los residuos de las nucleares españolas, cada uno de los emplazamientos nucleares ha tenido que construir un almacén temporal individualizado para almacenar allí su combustible ya gastado.
Así, la opción del ATD sería algo así como reforzar las medidas de seguridad de los ATIS para su almacenamiento durante unos 60 años en la misma central. De cada uno de ellos deberán ser trasladados al futuro almacén geológico profundo que, según el borrador del VII Plan, cuya puesta en marca se espera no antes de 2073, tras unos 12 años de plazo de construcción.