La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada Cristina Maestre, ha señalado este miércoles que desde esta formación no quieren «confrontar territorios», sino que lo que desean es justicia con el agua, «y por fin se está haciendo».
Así se ha manifestado después de que tanto la Comunidad Valenciana como Murcia hayan manifestado que presentarán alegaciones al Consejo de Estado para conocer la redacción final que ha llegado a este órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto del plan hidrológico que afecta al Tajo-Segura, contra el que se han posicionado públicamente.
«Nosotros tenemos la confianza absoluta de que el Gobierno de España va a seguir adelante, entre otras cosas, porque la propia normativa europea así lo exige y hace que el trasvase tenga una fecha de caducidad», ha sostenido la dirigente socialista.
Las advertencias de Ximo Puig
El ‘president’ de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha mostrado este miércoles su disposición a dialogar y negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica respecto al futuro del Tajo-Segura, pero ha advertido que no aceptará ninguna «imposición» sobre las condiciones del trasvase.
«Lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, que se ha cambiado sustancialmente, se tiene que mantener», ha insistido un día después de solicitar audiencia al Consejo de Estado para conocer la redacción final que ha llegado a este órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto del plan hidrológico que afecta al Tajo-Segura, con el objetivo de poder presentar alegaciones.
En concreto, el proyecto normativo aprobado por el Consejo Nacional del Agua a finales de noviembre incluía una disposición adicional novena que el Consell ve esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase, por lo que Puig ha rechazado cualquier modificación o supresión de este punto.
En una entrevista en Onda Cero, el ‘president’ ha garantizado que está en contacto con la ministra Teresa Ribera, también socialista, y que «ella sabe perfectamente lo que pasó»: que había una propuesta del Ministerio que aceptó la Generalitat en el Consejo del Agua y que «ahora es obvio e indiscutible que se ha producido un cambio y ahí está el motivo de las discrepancias».
«Nuestra posición no es cerrada en absoluto, se puede discutir de todo (…) Desde luego, estamos en el marco de la negociación porque queremos llegar a un acuerdo», ha reiterado, y ha advertido que el Consell planteará alegaciones si el Gobierno no rectifica, mientras «los regantes tienen su propia vía» y se manifestarán la próxima semana ante el Ministerio.
Puig ha vuelto a recordar que el Tajo-Segura es «un asunto complejo porque viene de muy lejos e históricamente ha habido confrontación territorial» respecto al uso del agua trasvasada. Ha defendido que su gobierno lleva desde 2015 intentando huir de las «guerras» y el «barro», además de pedir que este proceso se aborde desde la racionalidad e incluya medidas de futuro para la agricultura mediterránea.
También ha reconocido que el Tajo debe estar «en plenas facultades» y ha asegurado que nadie está más de acuerdo con eso que las regiones receptoras del agua de este río. Ha vuelto a exigir que el agua depurada de la Comunidad de Madrid ayude a «revitalizarlo» y que la desalada tenga un precio justo para los regantes, además de resaltar el «enorme esfuerzo» de la Comunitat y de Murcia por la reutilización de los recursos hídricos.
Movimiento de Murcia
El Gobierno de Murcia ultima este miércoles sus alegaciones contra el recorte previsto por el Gobierno central al Trasvase Tajo-Segura para remitirlas al Consejo de Estado y defender los intereses de la Región.
Unas reivindicaciones que se centrarán en la «falta de consideración económica y ambiental», además de la «falta de transparencia» en su tramitación el borrador de Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.
Un paso que se produce tras la solicitud de audiencia realizada por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, el pasado 20 de diciembre y cuya respuesta fue recibida el día 30 de diciembre, dando de plazo hasta las 13.00 horas del día 5 de enero para presentar la documentación.
Cabe recordar que el pasado 29 de noviembre se celebró el pleno del Consejo Nacional del Agua en el que se sometió a informe preceptivo el proyecto de Real Decreto del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de planificación (periodo 2022-2027). Un documento que fue informado favorablemente por la mayoría de integrantes del Consejo.
Dicho texto recogía el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos calificado como excesivo por parte de la Comunidad, tal y como quedó demostrado en los estudios y análisis hidráulicos presentados durante la fase de consulta pública y que fueron ignorados durante la tramitación del mismo.
Esta medida lleva consigo la reducción del volumen trasvasable a la cuenca del Segura, si bien iba aparejado a los resultados de un Plan de Seguimiento ambiental que midiera la efectividad de los cambios. Una decisión que fue enmendada por el secretario de Estado de Medio Ambiente durante el pleno del Consejo de Estado, asegurando que el documento sería modificado y dicho Plan dejaría de ser relevante a la hora de aplicar el recorte de hasta un cincuenta por ciento del agua del Trasvase, según las mismas fuentes.
La modificación del texto, ya debatido e informado favorablemente, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, queda demostrada en los documentos que el Consejo de Estado envió el pasado día 30 a la Comunidad, en los que se recoge el cambio de la Disposición Adicional Novena que desliga el «recorte» previsto por el Gobierno de España a la evolución ecológica del Tajo.
Supone, por tanto, una situación «insólita y que viene a demostrar que el único objetivo del Gobierno de España es cerrar el Trasvase Tajo-Segura, pasando por encima de cualquier criterio técnico y jurídico», según las mismas fuentes.
Por todo lo anterior, el Gobierno regional confía que puedan ser oídas las alegaciones sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de planificación (2022-2027) con el fin de que las mismas puedan ser tenidas en consideración por el Consejo de Estado antes de la emisión de su preceptivo informe.
Isabel Rodríguez: «Defendemos a todo el país»
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha respondido este miércoles al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que anunció que iba a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado por el trasvase Tajo-Segura. Así, ha asegurado que éste defiende el interés de su comunidad y el Gobierno, el de todo el país.
En declaraciones a los medios desde Ciudad Real, Rodríguez ha defendido la actuación del Ejecutivo, que según ha indicado ha preparado unos informes «que han sido aprobados por la mesa del agua» y elevados al Consejo de Estado.
Asimismo ha sostenido que lo que trata de hacer el Gobierno Central es poner al río Tajo un nivel de caudal ecológico que no tenía hasta ahora «para dar cumplimiento a la normativa europea y a las sentencias del Tribunal Supremo», ha explicado. «El presidente de la Generalitat valenciana defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno, del conjunto de nuestro país», ha respondido.
Rodríguez ha hecho estas declaraciones después de que Puig anunciara este martes que pretende presentar alegaciones ante el Consejo de Estado sobre el trasvase Tajo-Segura.
El presidente valenciano también exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener el precio del agua desalada y expresó su «rechazo frontal» a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes de la zona y que supondrá triplicar los precios de la misma.
La ministra ha destacado asimismo la inversión por parte del Gobierno de 650 millones de euros en desaladoras, que a su juicio van a garantizar la buena gestión de los recursos hídricos «también para el sector de la agricultura» en esta zona.