El Grupo Parlamentario Podemos, en su Proposición de Ley de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, ha incluido ciertos aspectos a los ya reflejados en esta norma presentada por los diputados de la formación morada en 2016, como la creación de un grupo de trabajo o comisión independiente que recopile materiales para elaborar un informe "consistente, incluyente y global en favor de la verdad, reparación y la garantía de no repetición sobre la represión franquista" en la región.
Los diputados de la formación morada registraron esta propuesta legislativa la semana pasada en el Parlamento regional, basándose principalmente en la que fue presentada hace dos años y que fue paralizada en el Consejo de Gobierno porque suponía un aumento de crédito presupuestario.
Según esta propuesta normativa, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, el referido grupo de trabajo o comisión independiente se constituye en un ejercicio necesario que permita a los castellano-manchegas llegar a un acuerdo sobre su pasado.
El citado informe abarcará el periodo histórico que se inicia con la Guerra Civil y termina con la aprobación del Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha, siendo objeto del mismo las "graves violaciones de los derechos humanos", con mención expresa a derechos sociales y económicos de las víctimas.
Este grupo deberá contar entre sus miembros a ciudadanos "ampliamente respetados por la sociedad y de independencia probada" y con perfiles diversos como abogados en ejercicio o jueces retirados, psicólogos, investigadores, arqueólogos, expertos en violencia contra la mujer, representantes de colectivos memorialistas, entre otros. Serán elegidos por el Consejo de Memoria Histórica y ratificados por las Cortes de Castilla-La Mancha.
Las Cortes aprobarán el presupuesto de este grupo de trabajo en su capítulo específico en la correspondiente ley de presupuestos regionales antes de que culmine su labor.
Entre otras medidas, solicitan que el Gobierno regional debe tener la obligación de dar apoyo económico a aquellas familias en su derecho a exhumar a sus familiares a consecuencia del golpe militar del año 1936. El apoyo que debe prestar el Gobierno regional tiene que ser además técnico y humano en todo el proceso de investigación y exhumación, corriendo con los gastos de dicha actividad.
Además, las víctimas de bebés robados tendrán los mismos derechos en el caso de que en el esclarecimiento y búsqueda sea necesaria la apertura de algún enterramiento.
También solicitan que la Junta proceda a señalizar aquellas obras realizadas con trabajo a los esclavos del franquismo. Dicha señalización contemplará las condiciones de vida de esas personas, el número de esclavos y cuantos datos sean importantes para el conocimiento público de aquellos hechos.
En cuanto a las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, según la formación morada, la Junta deberá proceder, en el plazo de un año, a la revisión e invalidación de todas las distinciones, nombramientos y demás títulos y formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista, procediéndose a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, tal y como refleja Podemos, el Gobierno regional instalará, en cada uno de los campos de concentración de Europa donde haya habido castellano-manchegos internados, una mención especial como homenaje a la lucha contra el fascismo y por la libertad llevada a cabo por cientos de castellano-manchegos tras el golpe de Estado franquista y durante la Segunda Guerra Mundial.
El texto del Grupo Parlamentario proponía, entre otras medidas, el establecimiento y gestión de un banco de datos de ADN, la creación de una Comisión de la Verdad, la anulación de sentencias de los tribunales durante la guerra, la posguerra y la dictadura y que se investigase la desaparición de niños en la región durante el Franquismo.
Además, Podemos incluía que el día 11 de noviembre de cada año se declarase como jornada de "recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura" y demandaba la retirada o eliminación de elementos contrarios a la Memoria Democrática.
El texto también solicitaba que la Consejería de Educación incluyese la Memoria Democrática en el currículo de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas, e incluía un régimen sancionador compuesto por infracciones muy graves, graves y leves, que prevén, respectivamente, multas de entre 10.001 y 150.000 euros; de entre 2.001 y 10.000 euros, y de 200 a 2.000 euros.
