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22 noviembre 2024
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Tanto «corsé» normativo asfixia a las empresas en España

Sólo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha dedicó un total de 57.094 páginas a la publicación de nuevas normas durante el año 2020, lo que supone un incremento de un 11 por ciento más respecto al año anterior.

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La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) alerta del enorme nivel de regulación que «lastra» la competitividad de las empresas y dificulta el crecimiento económico. Así lo recoge el informe de CEOE ‘La producción normativa en 2020’.

En este sentido, señala que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha dedicó un total de 57.094 páginas a la publicación de nuevas normas durante el año 2020, lo que supone un incremento de un 11 por ciento más respecto al año anterior, lo que viene a ser un reflejo del elevado nivel de regulación al que están sometidas las empresas de la región.

Esta cifra se suma al volumen de páginas publicadas por el resto de Comunidades Autónomas en sus boletines oficiales y el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que hace un total cercano a las 753.322 páginas publicadas por los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico el año pasado, según los datos que arroja el informa.

Un 22% más de normas en el año de la pandemia

Entre otros datos, el informe de CEOE recoge que durante el año 2020 se aprobaron 793 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un incremento del 22,4 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

Además, la pandemia ha hecho que 2020 sea el año en el que más reales decreto ley se han aprobado en España (39), de forma que el 72 por ciento de las normas con rango de ley han sido desarrolladas a través de un real decreto ley.

En línea con lo reflejado en este estudio de CEOE, Cecam reclama un marco institucional que promueva un Estado de Derecho sólido, donde la regulación sea «estable, fiable y cumpla» con los criterios de las buenas prácticas regulatorias, «lo que es imprescindible para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial».

En este sentido, señala la Confederación, se debe velar por no añadir cargas «innecesarias» a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo.