Ya falta menos, aunque todavía no haya fecha concreta. En agosto se cumplirán cuatro años del incendio desatado en una planta de residuos tóxicos de Chiloeches. Se tardaron interminables días en su extinción, los mismos días en los que la salud de decenas de miles de vecinos del Corredor del Henares estuvo a merced de hacia dónde soplara el viento.
La juez Cristina Guerra, titular del Juzgado de Instrucción nº 1, acaba de dictar auto de apertura de juicio oral. No se conoce aún la fecha concreta y este periódico está intentando confirmar si hay recursos al citado auto por alguna de las partes, lo cual podría retrasar aún más el ya de por sí inacabable procedimiento.
Hay 18 personas, a las que se les hace responsables civilmente de daños por casi 15 millones de euros, que deberán sentarse en el banquillo. Entre ellos, destacan dos cargos políticos, bien conocidos en la provincia: César Urrea, que fue alcalde de Chiloeches por el PP, y el socialista Sergio David González, que tras ocupar relevantes cargos oficiales era en aquellos momentos viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.
Relevantes peticiones de prisión para los empresarios
La relación de delitos que los acusados afrontan es larga, casi tanto como el tiempo transcurrido para fijar los hechos. Se les acusa de varios contra el medio ambiente, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, incendio, lesiones imprudentes y prevaricación medioambiental, variando según cada caso conreto. Obviamente, la Fiscalía abordará muy especialmente las responsabilidades de KUK Medioambiente SL y Grupo Layna, las dos empresas implicadas en la gestión previa al siniestro. Sus responsables se arriesgan a penas de cárcel de 14 y 19 años, respectivamente.
Aunque nadie lo dude, hay que acreditar algo que parece palmario: que el fuego fue intencionado, como planteó durante la fase de investigación la Guardia Civil. En los próximos meses –y en una sala de la Audiencia Provincial, a la que el auto declara competente para juzgar el caso– será el momento para concretar quiénes y en qué grado fueron los responsables para que se perpetrara esa barbaridad y delimitar sus consecuencias.
La cuenta atrás para el desastre
El Ministerio Fiscal reclama penas de hasta 19 años de cárcel en los casos que considera más graves, en concreto para los tres empresarios de Grupo Layna. A estos 11 acusados se les considera autores de una gestión, transporte y tratamiento ilegal de residuos peligrosos y no peligrosos, para lo cual participaron de forma concertada en un grupo criminal que acabó con un vertido incontrolado de estos residuos, acompañado de falsificación de documentos para amparar el desvío.
De otro lado, seis ex altos cargos de la Junta están acusados de un delito de prevaricación medioambiental continuada, por los que les piden penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación. Entre las peticiones de pena se encuentra el exalcalde de la localidad, César Urrea, a quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.
La Fiscalía considera probados que se han cometido delitos, además del de prevaricación medioambiental, de participación en grupo criminal, delitos agravados de gestión peligrosa de residuos y de explotación de instalaciones peligrosas, delitos contra el medio ambiente y falsedad en documento mercantil.
Tras años de irregularidades en todo lo relativo al trabajo desarrollado en la planta, la Fiscalía considera probado que en abril de 2016 dos de los acusados acordaron dejar en las instalaciones unas 15.000 toneladas sin especificar ni distinguir entre residuos peligrosos y no peligrosos a cambio de 300.000 euros pagaderos por Grupo Layna.
Entre el 6 de abril y el 17 de junio, fecha en que se produjo la clausura de las instalaciones por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento (gobernado entonces por otro partido diferente), se siguió adelante con la recepción de residuos peligrosos y no peligrosos, aumentando así la ya manifiesta acumulación y almacenamiento de dichos residuos en las instalaciones.
Con fecha 6 de junio de 2016 y con el cambio de los miembros de la Corporación Local como consecuencia de las elecciones municipales de mayo de 2015, el nuevo alcalde electo constató la explotación de las instalaciones en Chiloeches «al margen de toda legalidad» por Kuk y Grupo Layna.
Tras la inspección y según informe desfavorable se propuso la clausura inmediata de la nave, toda vez que se constató que en el interior de la misma, la saturación de los residuos almacenados alcanzaba prácticamente el techo; en el exterior, el almacenamiento de los residuos ocupaba las vías de circulación de los vehículos llegando casi a la puerta de acceso; y se impedía la circulación adecuada de los vehículos de extinción de incendios haciendo ineficaces los eventuales medios de extinción en caso de accidente.
El 20 de junio se inspeccionaron las instalaciones por el Servicio de Medio Ambiente, que constató que las instalaciones «eran un auténtico caos». Se apreció almacenamiento masivo a la intemperie de residuos peligrosos y en lugares de pavimento no impermeabilizados, falta de etiquetado en recipientes de residuos peligrosos, escapes de residuos peligrosos en envases deteriorados, vertidos de residuos peligrosos de las balsas de retención que se encontraban colmadas directamente a un barranco donde discurre un cauce y mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos.
Además, se detectan vertidos al barranco de Los Chorrillos por rebosamiento de las balsas existentes y el estado de peligro y riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente.
El 7 de julio, la UCOMA, dentro de una investigación penal de la Fiscalía de Madrid, tomó ocho muestras en el entorno de la nave. Se acreditan altas concentraciones de metales pesados de carácter tóxico, concretamente plomo, zinc, cromo, arsénico y cadmio, así como otros aniones y cationes y un alto contenido en compuestos orgánicos volátiles de carácter altamente tóxico. En el exterior de las instalaciones se concluye la existencia de un proceso de emisión de contaminantes líquidos desde el interior de la planta al Barranco de Los Chorrillos estableciendo una gradiente de contaminación generando afecciones significativas para los ecosistemas y para la salud de las personas.
Pero el 11 de julio se constató que cinco de los acusados mantuvieron la recogida de residuos en la planta pese a su clausura en el mes anterior, por lo que se inició una inspección cuatro días después en la que se detectó el empeoramiento del estado de las instalaciones. El estado y las condiciones del acopio de residuos en estos momentos supuso el incremento del riesgo hasta su materialización en el incendio de las instalaciones sobre las 4.49 horas del día 26 de agosto de 2016 de causa y fuente de ignición indeterminadas en el interior de la planta, si bien como hipótesis más probable se concluyó por el Departamento de Incendios del Laboratorio de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que se trató de un incendio provocado de forma intencionada.
Se tuvo que desplazar a la UME, se trabajó durante seis días con centenares de efectivos y se constataron durante la combustión altos niveles de contaminación derivadas de las llamas. El auto de apertura de juicio señala provisionalmente como responsabilidad civil la cantidad de 14.920.912,82 euros, los cuales desgrana por conceptos como la intervención de UME y bomberos o los múltiples daños medioambientales y los gastos de limpieza.
Petición de penas para los funcionarios acusados y para el alcalde
El Ministerio Público también pide enjuiciar a tres ex directores generales de la Junta; dos ex jefes de Servicio; y un ex delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara y viceconsejero, y a todos ellos les considera autores de un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental. Por este delito, pide penas que llegan hasta los tres años de cárcel y 13 de inhabilitación para el director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Ángel Yuste; Carlos José Blázquez Orodea, director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011; y Matilde Basarán Conde, directora general de Calidad e Impacto ambiental entre 2011 y 2015. También para Olga Villegas Sánchez, jefa de Servicio de Control de Calidad entre 2013 y 2018; y José María Michelena, jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial y, sucesivamente, Jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental; además de para Sergio David González Egido, delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara entre 2004 y 2008 y viceconsejero de Medio Ambiente posteriormente.
El último de los cargos públicos a enjuiciar es el exalcalde de la localidad César Urrea, a quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.
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