La diputada nacional por Guadalajara, Silvia Valmaña, ha hecho balance este lunes de su actividad parlamentaria en la legislatura que termina, en la que ha presentado 38 preguntas escritas y 10 Proposiciones no de Ley. De las preguntas, más de la mitad (exactamente, 25) las ha formulado por escrito en este mes de septiembre, durante las últimas semanas de este corto período parlamentario. Valmaña no ha llegado a plantear ninguna pregunta oral en el hemiciclo. La casi totalidad de las 38 preguntas no habían sido respondidas antes de la convocatoria de nuevas elecciones generales.
Las iniciativas presentadas tenían que ver con cuestiones que afectan directamente a la provincia de Guadalajara, como las relativas a las medidas a adoptar en relación con la iniciativa Alternativa Zorita, inversiones en infraestructuras como las variantes Valdeaveruelo-El Casar o la de Guadalajara, ambas en la N-320, dotación de mayores medios y efectivos para la Guardia Civil de Guadalajara, el establecimiento de una Unidad Militar de Emergencias en nuestra provincia, medidas para evitar la despoblación en Guadalajara y cuestiones relacionadas con la conectividad y banda ancha en nuestra provincia. Las previsiones sobre el pago por uso de autovías, o la responsabilidad de la Gerencia Territorial del Catastro en el exagerado IBI de Cifuentes son también un ejemplo de las iniciativas presentadas.
También se ha interesado por el número de estudiantes Erasmus de nuestra provincia y región, así como los que han elegido el Reino Unido como destino, y cómo les afecta el Brexit.
En su condición de portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, Valmaña ha planteado la subida del nivel de catedráticos y titulares de Universidad al 30 y 28 respectivamente. Asimismo ha presentado una PNL sobre la neutralidad de las Universidades catalanas ante la presión independentista.
En cuanto al resto de las iniciativas que se encuadran en el área jurídica, como portavoz adjunta de Justicia ha presentado las iniciativas para impulsar la evaluación de la ley del menor, el establecimiento de unos criterios mínimos para la ejecución de medidas judiciales de menores y la colaboración entre las Comunidades Autónomas para la ejecución de medidas judiciales, favoreciendo la dispersión de menores condenados por delitos de terrorismo y, en especial, del terrorismo yihadista.