Cuando se habla de política fiscal, concretamente de política tributaria, conviene tener claro siempre que las decisiones que adoptan las Comunidades Autónomas en esta materia son una gran responsabilidad. Son la administración pública más próxima al ciudadano, cada vez con mayores y más importantes competencias y que se financian con recursos que nacen del esfuerzo de empresas y ciudadanos, que ceden unos recursos finitos, para que la Administración contribuya al bienestar de la sociedad mediante mejores servicios públicos.
Frente a los que consideran que el dinero público no es de nadie, estamos aquellos que afirmamos que supone la mayor responsabilidad y que sólo se puede entender la gestión de lo público desde la eficacia y la eficiencia. Los ciudadanos no contribuyen pagando impuestos y tasas para que se gaste más, sino para que se gaste mejor y se les garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas.
En este ámbito nuestra Comunidad tiene mucho trabajo por hacer. La política económica de la región tiene el reto de romper con el conformismo y status quo que impera en un gobierno falto de la ambición y el impulso necesario para reducir el gap en competitividad que presentan las empresas castellanomanchegas con el resto de regiones españolas y con el conjunto de Europa.
En su último informe sobre Competitividad Regional, el Colegio General de los Economistas de España situaba a nuestra región entre las Comunidades con un nivel de competitividad más bajo, con un importante deterioro en términos de productividad y en general, de su entorno económico.
Quedarse en la simplificación sobre la necesidad o no de tener impuestos más bajos es un reduccionismo falto de un rigor que Castilla-La Mancha no se puede permitir. Bajar impuestos no es un fin en sí mismo, pero sin duda, es un factor esencial para la competitividad de las empresas, para dinamizar la actividad económica y lograr incrementar la recaudación, no por la subida de la presión fiscal a la que nos tienen acostumbradas las políticas socialistas, sino por el incremento de las bases imponibles.
Con impuestos más altos se limita la capacidad de las empresas para invertir y para innovar, en definitiva, para impulsar su desarrollo. Los estímulos y deducciones fiscales son herramientas que nuestro gobierno regional no ha potenciado lo suficiente para fomentar el emprendimiento, las nuevas formas de negocio, la atracción de talento o la inversión extranjera.
La progresividad del sistema es esencial y los ciudadanos entienden perfectamente que las personas con mayores ingresos tributan con tasas impositivas más altas. Lo que no es tan entendible es que el gobierno nacional invada competencias autonómicas y que intervenga creando un impuesto de patrimonio bis con visos de inconstitucionalidad o que el gobierno regional no elimine impuestos antieconómicos e injustos como los sucesiones y donaciones.
Nuestra región es la más afectada por la inflación, presentando las tasas anuales más altas entre todas las Comunidades Autónomas de manera recurrente, mes tras mes, impactando especialmente en las clases medias y trabajadoras a consecuencia de la escalada del precio de los alimentos. No se puede obviar que la inflación ha incrementado la recaudación tanto por la progresividad en frío del IRPF como por el IVA, provocando que Castilla-La Mancha haya aumentado sensiblemente los recursos con los que ejecutar sus políticas.
Si algo se ha echado en falta en 2022 en el gobierno regional, es la falta de determinación para demostrar que la política está para ser útil a los ciudadanos y en este caso, debería haber devuelto recursos a través la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF.
En los diez primeros meses del año pasado Castilla-La Mancha ha disparado su gasto en un 12% según los datos de la Intervención General del Estado. Pensar que los ingresos excepcionales que están percibiendo las Administraciones tienen carácter estructural y que de ello se deriven mayores compromisos de gasto corriente para los próximos ejercicios, es una enorme irresponsabilidad.
Nuestra región tiene una deuda pública del 34,2% del PIB, la tercera más elevada tras Comunidad Valenciana y Cataluña. Este año será el cuarto consecutivo sin reglas fiscales por la excepcionalidad del contexto económico que vivimos, cuestión que no significa desatender el rigor y la prudencia presupuestaria a la hora de incurrir en un déficit público que profundice los desequilibrios de nuestras cuentas públicas autonómicas.
Castilla-La Mancha tiene que aspirar a un sistema fiscal orientando hacia la eficiencia y la neutralidad, que reduzca su intervención en la actividad económica y disminuya los trámites y procesos burocráticos haciéndolo más fácil y comprensible. Este proceso debe ir acompañado de una revisión y racionalización del gasto público, donde los responsables políticos asuman que incrementarlo sin que vaya acompañado por una mejora de la productividad el sector privado será un problema en el medio y largo plazo.
Paco Núñez ha diseñado una estrategia económica global, con la competitividad de nuestra región como eje central y con la capacidad de diálogo suficiente para aprovechar las sinergias que la Comunidad de Madrid y Andalucía nos pueden proporcionar, no como rivales en un entorno globalizado, sino como aliados para mejorar la prosperidad y la riqueza de nuestra región. Nuestro futuro y el de las próximas generaciones no puede pasar por el conformismo del “que todo siga igual” que propone el gobierno regional, sino apostar por una región más dinámica, innovadora, industrial y construida de la mano de la sociedad civil.