El Gobierno regional ha recogido más de una veintena de propuestas para el anteproyecto de Ley de Medidas sociales, económicas y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha durante el periodo de exposición pública al que ha sido sometido el texto.
Se trata de propuestas que han llegado de particulares y de colectivos, así como de entidades que representan al tejido asociativo castellanomanchego –Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha; el Colegio regional de Farmacéuticos; el Colegio de Economistas; la Cámara de Comercio de Ciudad Real; y la Asociación ‘Salvemos los campos’-. También han registrado propuestas agentes sociales como Recamder y Adiman (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela) y ADAC (Asociación de Desarrollo de la Alcarria y la Campiña), en Guadalajara, y las Diputaciones de Guadalajara y Cuenca, además del Señorío de Molina.
Debate en 2021
Todas las aportaciones recibidas serán estudiadas para su posible incorporación al texto de la futura ley, que seguirá su proceso de tramitación ordinario para que llegue a las Cortes de Castilla-La Mancha para su debate y aprobación, a lo largo del primer semestre del 2021, según los plazos previstos.
El proceso de exposición pública, que finalizaba hace apenas unos días, es el segundo al que se somete esta ley que fue la primera en pasar el trámite de participación ciudadana a través del Portal de Participación cuya andadura comenzó hace poco más de dos meses, y desde donde la ciudadanía de la región pudo realizar aportaciones al texto.
Con ello se pretende conseguir que la futura norma sea consensuada socialmente ya que el objetivo es que se articulen medidas que puedan aplicarse en el medio y largo plazo.
Desde el Ejecutivo autonómico se busca que la futura ley sirva para garantizar la prestación de servicios públicos en el medio rural además de resolver algunos de los problemas estructurales que tiene el medio rural en materia de telecomunicaciones, garantizando el acceso a las nuevas redes. Entre la batería de disposiciones que se ha incorporado al anteproyecto de ley se contemplan medidas de discriminación positiva que favorezcan la generación de actividad económica y de empleo como una condición necesaria para que la gente pueda quedarse en los municipios.
