El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insistido en la necesidad de que los planes de vivienda diseñados desde el Gobierno central se adapten a las características de los pequeños municipios, muy distintas de la que existen en las grandes urbes.
Así lo ha trasladado el comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique, durante su intervención en la jornada ‘La vivienda: una política clave para la lucha contra la despoblación’, organizada por la Universidad de Alcalá de Henares este sábado en Brihuega. Allí, Alique ha explicado que la petición del Gobierno de Emiliano García-Page al Ministerio de Vivienda pasa por que los nuevos planes incluyan un programa de rehabilitación de vivienda privada que permita que los actuales propietarios puedan poner estos inmuebles en uso e incrementar así el parque inmobiliario para atraer nuevos pobladores.
En su alocución, el comisionado ha destacado la realidad de la falta de vivienda en las zonas despobladas, lo que supone uno de los problemas con los que se encuentran aquellos que están pensando en mudarse a vivir en alguno de estos pueblos que, en algunos casos, están viviendo cierto dinamismo económico, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.
Es por ello, ha insistido, que se necesita «un potente programa de rehabilitación de viviendas», que tenga en cuenta la realidad de los pueblos, para conseguir aumentar el parque inmobiliario y que las personas que pueden estar pensando en asentarse en ellos tengan una alternativa de vivienda» y, más aún, una oferta pública para poder atraerlos y poder estabilizarlos de una manera más permanente.
En concreto, se destinan más de 1,1 millones de euros para rehabilitar un total de once inmuebles de titularidad municipal, ubicados en siete localidades de la región.
Se benefician siete municipios de la Comunidad Autónoma: Alcalá del Júcar, en Albacete; Ballesteros de Calatrava, en Ciudad Real; Cardenete y Almodóvar del Pinar, en la provincia de Cuenca; El Recuenco y Peñalén, en Guadalajara; y Los Navalmorales, en Toledo.
Una vez acabados los trabajos de rehabilitación, cada ayuntamiento es el encargado de arrendar la vivienda, cuya renta del alquiler no puede ser superior a los 250 euros.
