Como ya informaba LA CRÓNICA desde primera hora de la mañana, este lunes comenzaba la recta final del juicio por el incendio de Chiloeches. Lo más relevante de la primera jornada ha sido que la Fiscalía haya mantenido sus peticiones de pena, de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación para alguno los 18 acusados, al margen de las tres empresas. Entre los acusados se encuentran empresarios, directivos y cargos y exaltos cargos políticos y técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Después de casi seis horas de exposiciones, el Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales para los acusados en este macrojuicio, acusaciones que tienen relación con los delitos de participación en grupo criminal, gestión de residuos peligrosos o delito agravado contra el medio ambiente, así como prevaricación administrativa medioambiental, explotación de instalaciones peligrosas y falsedad documental.
Para el Ministerio Fiscal, este incendio «no deja de ser la materialización de todo ese peligro generado» previamente a producirse el fuego, aludiendo a las condiciones de almacenamiento de los residuos que allí se recogían, las propias mezclas de dichos residuos sin caracterizar y el transporte. Así, la Fiscalía entiende que «no existieron las medidas necesarias de seguridad para garantizar» que no se generaran riesgos para las personas que también estaban en contacto con ellos.
El papel de Sergio David González
En referencia concreta a la imputación del que fuera en el momento de producirse el incendio, el viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, la fiscal ha indicado que en materia de residuos este responsable tenía competencias para «la planificación, coordinación, seguimiento, autorización y vigilancia», entendiendo que «era conocedor de la arbitrariedad» de una resolución dictada en octubre de 2015 de la que se iba a beneficiar el Grupo Layna. Este martes, las defensas has abundado en el concepto de «normas regladas» para exculpar a los distintos responsables de la Junta de cualquier atisbo de arbitrariedad o dolo.
Para la fiscal, respecto a la resolución dictada por González Egido en octubre de 2015, antes de acceder a la Consejería el 23 de octubre de 2015, en marzo de ese año ya «se estaba fraguando» el contrato entre Kuk y Layna, empresa esta última con la que Egido tenía amistad y de la que el técnico medioambiental era cuñado de González Egido, ha recordado.
Según la Fiscal, además, en su etapa en el cargo hubo correos que hablaban de reuniones internas en las que participaba Egido y ha sostenido que la venta de la empresa que tenía él antes de llegar al viceconsejería y de la que se desvinculó al acceder al cargo por temas de incompatibilidades, «no fue desvinculación real, sino que se vio obligado» por ostentar un cargo público.
También, el Ministerio Fiscal ha señalado que prueba de esa vinculación está el que al ser preguntado sobre la empresa quien se quedó con ella después, demostró que «no tenía ni idea de cual era el objeto social» de la misma pese a haberla comprado a Egido ni recordaba que se había ampliado dicho objeto social.
Ha hecho mención la fiscal al perfil del viceconsejero y su «injerencia» cuando dictó la resolución sobre el Grupo Layna. «Resulta imposible y racionalmente difícil entender o comprender» que no conocía la captación de lodos de otra empresa o la idea de alquilar las instalaciones de Kuk por parte de Layna en Chiloeches ni que esas actuaciones se realizaran al amparo de una autorización ambiental de la que Layna no era titular y de la que la administración, oficialmente, no tenía conocimiento.
Para el Ministerio Fiscal, en todos estos trámites Egido debería haberse abstenido a la hora de dictar la resolución del 28 de octubre de 2015 y no lo hizo, entendiendo que tanto en su caso como en el resto de los acusados, existe «abundante prueba de cargo».
El conocimiento de César Urrea
En cuanto a otro de los inculpados, el que fuera concejal de Urbanismo hasta 2011 y alcalde de Chiloeches de 2011 a 2015 –antes de producirse el incendio–, César Urrea, el Ministerio Fiscal ha señalado que conocía la situación urbanística de las instalaciones y de vulnerabilidad que presentaba la planta y que no se constató la ilegalidad de la planta hasta que no hubo un cambio de Gobierno municipal.
Por su parte, la letrada que representa al Gobierno de Castilla-La Mancha como acusación en esta causa, ha puesto el acento en que el incendio se produjo por la «actuación imprudente» de los investigados y el «cúmulo de negligencias imputadas» a cada uno de ellos.
La acusación, que ha mantenido sus peticiones de pena por este «desastre ecológico», y en concepto de daños, ha detallado los distintos trabajos que tuvo que realizar la administración tras el fuego para evitar que los residuos se filtrasen hacia el río Henares y ha reclamado los gastos que ha tenido que afrontar el Gobierno regional a raíz de este suceso.
El letrado que representaba al Ayuntamiento, en una exposición muy clara y detallada, ha hecho especial hincapié en la involucración de las empresas en este caso, por actuar y funcionar «a espaldas» del control administrativo, permitiendo la mezcla de los residuos peligros líquidos y lodos hasta formar una masa que cargaban en camiones y que recubrían con otra capa de residuos de la construcción con la finalidad de «camuflarlos», ha señalado.
Este martes tiene lugar la sesión número 41, en la que tomarán la palabra las defensas de los distintos acusados. Si el ritmo de la vista sigue como hasta ahora, el viernes el juicio quedará visto para sentencia.