El voto conjunto del PP, Vox y Ciudadanos sacó adelante días pasados una moción para dejar a Guadalajara fuera de la aplicación de la nueva Ley de Vivienda, de ámbito nacional y promovida por el Gobierno de Pedro Sanchez. Como destaca Itziar Asenjo, del Grupo Popular, eso evitaría «recargos de hasta el 150% del IBI en las llamadas ‘viviendas vacías’ de nuestra ciudad». Queda por ver si la moción la aplicará el actual Gobierno municipal, en el que participan los tres ediles de Ciudadanos, o pasará a la larga lista de mociones incumplidas, muchas de ellas bajo el gobierno municipal de Antonio Román.
La moción del PP, que contó con el apoyo de los grupos políticos VOX y Ciudadanos, pide que el Ayuntamiento de Guadalajara se comprometa a no aplicar la nueva Ley de Vivienda, así como a instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que no se aplique tampoco en la región.
A esta polémica incipiente le queda mucho recorrido. Fue Sara Simón, en el pleno y a la vista del resultado de las votaciones, quien destacó que la moción se planteaba sin una Ley aprobada en firme. Fuentes municipales han reiterado este jueves a LA CRÓNICA que «el Ayuntamiento cumplirá siempre la Ley. Siempre. Es lo propio en un Estado democrático y de derecho».
Hasta ahora, el mayor logro de este asunto ha sido evidenciar una discrepancia clara en el sentido del voto dentro del equipo municipal de Gobierno, integrado desde 2019 por el PSOE (con 10 concejales) y los 3 ediles de Ciudadanos.
La concejala del Grupo Popular, Itziar Asenjo, encargada de defender la propuesta, recuerda que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya adelantó que esta Ley, además de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, no se aplicaría en los ayuntamientos ni en las comunidades autónomas en las que gobernara el PP.
A vueltas con el IBI, la antigua «Contribución»
Asenjo insiste en subrayar que «esto implica que no se apliquen recargos de hasta el 150% del IBI, en las llamadas “viviendas vacías” de nuestra ciudad». «Nos encontramos ante una Ley intervencionista, anticonstitucional y suicida, que lo único que va a provocar es la reducción de la actividad constructora y la reducción de la inversión, así como que sean menos las viviendas que se pongan en alquiler, al limitar o congelar los precios de la renta a los propietarios», añadió.
Al no tratarse de una Ley de aplicación directa, y teniendo las competencias en materia de IBI los ayuntamientos, «gracias a esta moción ha sido posible que la Ley no se vaya a aplicar en el Ayuntamiento de Guadalajara», ha manifestado la concejala del Grupo Popular, quien insiste en que «las soluciones al problema de vivienda pasan por dar seguridad jurídica con la finalidad de que vengan a España inversores, se impulse el empleo entre los jóvenes y dispongan de ingresos para poder acceder a una vivienda, así como en reformar la ley del suelo para abaratar la vivienda, liberando suelo público para que sea urbanizable, pero nunca por atacar la propiedad privada, vulnerando la Constitución con medidas intervencionistas y suicidas».