Todos son pueblos de menos de 2.000 habitantes, que es lo más habitual en la provincia de Guadalajara. Todos, también, están siendo sancionados desde la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), por no contar con depuradora. Y todos, además, se aferran a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que señala que estos «no tienen competencia para el establecimiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas».
¿Cuántos pueblos son los afectados? Más de un centenar, probablemente. Por ejemplo, se han impuesto 2.000 euros de multa a Anquela del Pedregal, 3.000 euros a Orea, otros 2.000 euros a Peralejos de las Truchas, a Hueva, Pozo de Almoguera, Retiendas, Tamajón. Y 6.000 euros a Valdeconcha. También 2.000 euros a Bujalaro, Cendejas de la Torre, Negredo y Matillas. Son cantidades reseñables habida cuenta los magros presupuestos municipales de que disponen, más allá del fondo de la cuestión.
Llevan años luchando contras las sanciones, pero la situación se ha hecho ahora aún más evidente y facilita incluso a los partidos marcan nuevas trincheras en los habituales enfrentamientos entre las distintas formaciones.
El PP se ha sumado a la batalla. El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García, ha informado en rueda de prensa sobre este asunto acompañado del viceportavoz Javier del Río, y del diputado provincial Octavio Contreras, quienes han explicado una próxima moción para que la Diputación inste al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y que este dé traslado a las Confederaciones Hidrográficas con competencias en las cuencas de la provincia, «a la paralización y suspensión de cualquier expediente sancionador a los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara de conformidad con lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo».
El portavoz del PP en la Diputación ha insistido en el apoyo a todos estos municipios que llevan años luchando como si fueran «David contra Goliat» contra un organismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que les persigue y les sanciona continuamente.
García ha recordado que «durante este mandato» han seguido muy de cerca este asunto, visitando y ayudando a los municipios que «nos han solicitado ayuda defendiendo sus intereses».
«Todos estos pueblos, que según un análisis que estamos realizando son más de un centenar, tienen ahora un arma definitiva, la sentencia del TS, que desde el Grupo Popular vamos a pedir que se ejecute y se haga cumplir», subraya el portavoz del PP.
Desde ese partido hacen hincapié en el caso de Jirueque, ampliamente reflejado en LA CRÓNICA, a cuyo alcalde han expresado su apoyo públicamente y que ha recibido una sanción de 2.600 euros –el 10% de su presupuesto– porque al limpiar el cauce del río, para lo que tenían autorización, «se rompió una tubería y tuvieron que actuar para arreglarla por responsabilidad y por salud pública». «Le animamos a él y a todos los alcaldes afectados a firmar el manifiesto que ha preparado y a seguir en la lucha por sus justas reivindicaciones y los de sus vecinos», ha insistido García.
La sentencia del Tribunal Supremo
Por su parte, el viceportavoz del Grupo Popular, Javier del Río, abunda en el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 16 de octubre, calificándola de «gran respaldo legal» para los ayuntamientos cuando dice literalmente que «ni la legislación estatal básica de régimen local ni la legislación sectorial estatal en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas contienen una atribución directa de competencia a los municipios de 2.000 habitantes para el establecimiento de un sistema de tratamiento de dichas aguas». «Sienta una importante jurisprudencia para los ayuntamientos menores de 2.000 habitantes, que en nuestra provincia son más del 90%».
Además, la comisión de Políticas de Agua y Medio Ambiente de la FEMP ha tomado conocimiento de dicha sentencia, y sus Servicios Jurídicos han emitido en fecha 11 de diciembre informe jurídico en el que concluye igualmente la «no exigibilidad a los municipios con población inferior a 2.000 habitantes sobre la prestación del servicio o el ejercicio de la competencia relativa al tratamiento o depuración de aguas».
En consecuencia, como es la Junta de Comunidades la competente en la materia, también en virtud de la legislación autonómica, el Grupo Popular ha incluido en la moción el acuerdo para que la Diputación exija a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la realización de todas las actuaciones de depuración de aguas residuales urbanas que sean obligatorias en virtud de la legislación vigente en municipios menores de 2.000 habitantes pendientes de ejecutar en la provincia de Guadalajara.
La sentencia tiene diferentes consecuencias, tal y como recoge la moción del Partido Popular y ha detallado en rueda de prensa el viceportavoz Javier del Río. Por un lado, para las Confederaciones Hidrográficas que vienen sancionando económicamente a numerosos pequeños ayuntamientos por no disponer de infraestructuras de depuración de aguas residuales urbanas; sanciones que ahora deben paralizarse, y por otro, para la Junta de Castilla-La Mancha debe dotar a esos ayuntamientos de infraestructuras de depuración allí donde sea pertinente, puesto que la Ley 7/195 reguladora de las bases de régimen local (LRBRL) no atribuye a los municipios de menos de 2.000 habitantes la competencia de depuración de aguas, tal y como indica esta sentencia del TS, explican desde el PP.