La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha propuesto la jubilación anticipada y voluntaria a partir de los 60 años para los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) con el cien por cien retributivo desde el primer momento, medida de la que se podrían beneficiar 3.641 trabajadores.
De acuerdo a un estudio llevado a cabo por el sindicato, esta modalidad permitiría ahorrar más de 836 millones de euros al Sistema Nacional de Salud, ya que si los 78.770 estatuarios de los diferentes sistemas autonómicos que se encuentran entre los 60 y 64 años acceden a la jubilación anticipada supondría economizar teniendo en cuenta los salarios que recibirían los nuevos profesionales contratados al no contar estos con trienios.
De esta forma, también se produciría el rejuvenecimiento de plantillas con la convocatoria de ofertas de empleo público, y es que CSIF ha incidido en la relevancia de poder solicitar y acceder a la jubilación anticipada y voluntaria de los diferentes colectivos que desarrollan su trabajo en el sistema sanitario público, tanto funcionarios como personal estatutario y laboral, según ha informado CSIF en nota de prensa.
En Castilla-La Mancha, con 3.641 trabajadores sanitarios entre 60 y 64 años, el ahorro es superior a los 40 millones de euros. La central sindical ya ha dado a conocer al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y a la directora gerente del Sescam, Regina Leal, los beneficios de plantear esta iniciativa en la Comunidad Autónoma.
Según el sindicato, deberían acceder a esta modalidad de jubilación anticipada todos los trabajadores, incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, pero CSIF ha incidido en el personal sanitario por su exposición de forma habitual a agentes tóxicos, peligrosos para la salud e insalubres; las jornadas laborales a turnos, la nocturnidad, los fines de semana y el trabajo en guardias y festivos que tiene una repercusión demostrada sobre la salud de los trabajadores, y el desgaste psicofísico por el aumento de las cargas de trabajo derivadas de las plantillas infradotadas.
Entre las premisas, los profesionales sanitarios deberán tener 35 años cotizados a la Seguridad Social y haber trabajado durante 25 para la Administración Pública.
