TOLEDO, 10 (EUROPA PRESS)
Un total de 240 profesionales de Atención Primaria entre ellos trabajadoras sociales, educadoras sociales, auxiliares administrativas o psicólogas, han alertado por medio de un manifiesto de que el Gobierno regional está «desmantelando y progresivo deterioro del sistema público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha», pues además de recortar en presupuesto, está endureciendo el acceso a muchas de las ayudas, como ocurre con las de Emergencias Social.
En dicho manifiesto, que recoge Europa Press, estos profesionales expresan su «perplejidad e indignación» por la situación actual de las prestaciones económicas y de algunos de los servicios más básicos, «a pesar de que Castilla-La Mancha presenta la cuarta tasa de pobreza más elevada de las Comunidades Autónomas (siendo más de 600.000 personas, según el Informe AROPE) y un 16,2% de la población en situación de exclusión social, según el último Informe FOESSA (más de 328.000 personas».
Han recordado que el Gobierno regional prometió un aumento presupuestario para el 2020 tanto de las ayudas denominadas Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y las Ayudas de Emergencia Social (AES), tras denunciar a finales de año estos colectivos que las mismas llevaban meses paralizadas, alegando «falta de disponibilidad presupuestaria».
«Pero el anunciado aumento presupuestario se convirtió en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en un recorte del 42% en el caso de las AES (de 5.662.920 euros en 2019 a 3.287.920 euros en 2020) y del 13% en el caso del IMS (de 15.411.600 euros en 2019 a 13.411.600 euros en 2020)», han criticado.
Así las cosas, han añadido que en enero «se denegaron de forma sistemática gran parte de expedientes» de las AES que fueron solicitadas en el pasado 2019 y que la «Consejería de Bienestar Social se están aplicando nuevos criterios para la valoración de las solicitudes endureciendo el acceso a las mismas». «La intención parece clara: serán menos las familias que reciban este apoyo en 2020 y, si lo reciben, será en cuantías más pequeñas».
DESASTROSA GESTIÓN DE LA AYUDA A DOMICILIO
«A esta situación se une la desastrosa gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) por parte de la Junta de Comunidades, lo que supone que la prestación de prevención más útil que hemos tenido históricamente en los Servicios Sociales, sobre todo en los municipios más pequeños, sea ahora un recurso de difícil acceso, condicionado a una situación de gran dependencia y en proceso acelerado de privatización por falta de financiación suficiente», mantienen estos profesionales.
De igual modo, y tras lamentar que la Ley de Dependencia se ha convertido «en un gran embudo por el que pasan todas nuestras escasas posibilidades de apoyo a las familias», han denunciado que recursos «imprescindibles» como los programas de Intervención Familiar y Equipos Técnicos de Inclusión «están siendo financiados muy por debajo de las necesidades reales de la región, con un déficit enorme de profesionales y escasa financiación en los proyectos que dependen de ellos».
«Esta situación provoca una sensación de abandono, desprotección y hastío en muchas familias ante la falta de respuestas eficaces por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha», han apuntado desde estos colectivos, que han expresado su «malestar» por las «instrucciones cambiantes que llegan en cada momento desde la Consejería de Bienestar Social».
«Estamos viendo un aumento progresivo en el número de amenazas y agresiones hacia las profesionales de los Servicios Sociales Básicos de Atención Primaria», han afirmado.
Por todo ello, exigen al Gobierno regional que «refuerce presupuestariamente a los Servicios Sociales de Atención Primaria del Sistema Público de Servicios Sociales, que apueste de manera decidida por la prevención como principio básico de atención a la población, así como por la atención de toda la población mediante la gestión eficaz de derechos sociales básicos y universales, evitando así que la única salida que les quede a las familias de Castilla-La Mancha para la resolución de sus problemas más graves sea el recurrir a tantas instituciones que gestionan beneficencia con dinero público o resignarse a no poder hacer efectivos derechos básicos que tienen reconocidos».
