Días pasados, la Fiscalía General del Estado presentaba su informe de 2022, coincidiendo con la apertura del año judicial. Guadalajara aparece en una veintena de ocasiones, según ha podido confirmar LA CRÓNICA. Por ejemplo, una de las preocupaciones de la Fiscalía de Guadalajara, que comparte con otras cuatro provincias, es el auge del acoso escolar cometido por vía informática. Pero no sólo.
En esta provincia no hay ningún centro específico para menores con problemas de conducta, una carencia que también se da en Baleares, Toledo, Burgos, Extremadura, Palencia, Cuenca, La Rioja y Vizcaya, «lo que supone que menores con comportamientos disruptivos convivan con menores en fase de integración educativa, dificultando considerablemente el trabajo con unos y otros».
En el informe se destaca que hay una influencia negativa en los menores por el «precoz consumo de contenidos pornográficos y por influencers» que incitan a autolesionarse u otras conductas que ponen en grave riesgo la salud.
Guadalajara se une también expresamente a las advertencias expresas llegadas desde las secciones de menores de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Alicante, Baleares y Soria en cuanto a la preocupación en esta provincia por los brotes violentos cada vez mayores e íntimamente relacionados con las bandas juveniles violentas. Son bandas que actúan no sólo en las capitales, sino que han extendido su radio a sus ciudades dormitorio aledañas, llegando a sobrepasar los límites de la propia Comunidad Autónoma, «como es el caso de Madrid con Guadalajara», como se cita en otro párrafo este documento oficial.
Los territorios más afectados por esta problemática, entre los que insistimos se encuentra Guadalajara, coinciden en señalar que «resulta imprescindible abordar esta situación mediante la adopción de medidas educativas para que los jóvenes alcancen un nivel mínimo de madurez y autogestión personal que les aleje de influencias marginales; ello hace necesaria la intervención temprana y multidisciplinar tendente a que no se perciba la violencia como una forma de vida normal en esos sectores juveniles y analizar sus causas».
Los integrantes de estas bandas juveniles se inician en ellas desde su infancia, «ya que son reclutados por los cabecillas de aquellas e instigados a perpetrar determinados delitos, a modo de bautismo de fuego de acceso a la organización criminal. El grado de violencia es tan gratuito que propicia enfrentamientos callejeros entre bandas con el objetivo de dominar su barrio, en los que se usan medios peligrosos y armas en su intento de dominar el territorio. Por ello, muchas de las agresiones son premeditadas en venganza de actuaciones previas de otra banda rival», según se explica ampliamente desde la Fiscalía de Madrid.
Barra libre de armas blancas: los fiscales piden más control
Un aspecto que también se aborda con inquietud es la facilidad con la que los integrantes de las bandas juveniles adquieren machetes, cuchillos y todo tipo de armas blancas. Por ello se propone «que se endurezcan los controles y normas administrativas sobre la venta de este tipo de elementos cortantes a personas menores de edad y, sobre todo, que se aumenten los efectivos policiales especializados ad hoc como medio de combatir más eficazmente este explosión delictiva que, por otra parte, es objeto de prolijo tratamiento audiovisual en la prensa y la televisión, lo que agrava la lógica alarma entre la población vecinal afectada».
La fiscal delegada de Málaga es la que muestra su perplejidad por que existan grupos de adolescentes que utilizan redes sociales para
concertar reuniones clandestinas en que se programan peleas ilegales, que luego trascienden a gran número de jóvenes mediante internet,
lo que evidenciaría «una carencia total de estima y valoración de la integridad física propia y ajena, lo que ha de llevar reflexionar sobre la
carencia de los mínimos valores éticos y de convivencia que se está implantando en ciertos sectores juveniles».