Le han llamado «Malaka», que no Marlaska. Bajo el mismo nombre que la serie policía de televisión, esta operación de la Guardia Civil ha servido para la detención de tres sujetos, supuestos integrantes de lo que han denominado como «un grupo criminal».
Se les considera responsables de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Esta peculiar banda, si así hay que definirla, estaba integrada por esas tres personas, de nacionalidades española, marroquí y rumana, respectivamente. Sus edades están comprendidas entre los 25 y los 50 años.
Según ha podido conocer LA CRÓNICA, la gran mayoría de los falsos inquilinos proceden de Argelia
El asunto se empezó a desvelar cuando dos particulares presentaron denuncia al constatar que en sus viviendas figuraban como empadronados ciudadanos extranjeros desconocidos. Y no eran pocos.
Los ahora detenidos habrían empadronado de forma irregular y fraudulenta en tres viviendas de Azuqueca de Henares a más de una treintena de ciudadanos extranjeros, utilizando para ello contratos falsos de alquiler.
El falso empadronamiento es infracción administrativa
Más allá de la actividad delictiva antes reseñada, es muy común que los datos de empadronamiento no siempre coincidan con la realidad, bien por dejadez y incluso con la intención de asegurarse plaza en un colegio determinado u otros beneficios de la Administración.
Hay que saber que está penalizado un empadronamiento ilícito, que se considera una infracción administrativa castigada con multas económicas de hasta 150 euros. No se puede considerar un ilícito penal si no se dan las circunstancias descritas en los artículos 390 y 392 del Código Penal y exista falsedad en documento público, que es lo que ha ocurrido en Azuqueca.
El Real Decreto 1690/1986 considera sanciones por falsedad u omisión de datos en el padrón, las cuales retribuyen a multas de:
- 3 euros en municipios entre 5.001 y 20.000 empadronados.
- 60 euros en municipios entre 20.001 y 50.000 empadronados.
- 90 euros en municipios entre 50.001 y 500.000 empadronados.
- 150 euros en Municipios con más de 500.000 empadronados.