Este miércoles, García-Page comparecerá en Guadalajara en un desayuno informativo, organizado por nuestros colegas de «Nueva Alcarria», que se prevé multitudinario. En ese momento, él ya sabrá cómo puede quedar resuelto su último órdago al Gobierno de España, que preside su compañero y nunca amigo Pedro Sánchez. Lo sabrá y puede que el ultimátum que lanzó para que Castilla-La Mancha cobre el IVA que le debe Hacienda sobrevuele el acto en la capital alcarreña. ¿Por qué es importante todo esto?

El Ministerio de Hacienda no ha ofrecido ninguna alternativa a las comunidades autónomas tras el impago de los 2.500 millones del IVA de 2017 y se enfrenta a un reguero de denuncias en los tribunales por parte de los gobiernos regionales del PP, pero también de al menos dos socialistas, Castilla-La Mancha y Aragón, dispuestos a presentar la denuncia si no hay pago.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el más contundente y ha dado un plazo a Hacienda hasta este martes, 4 de febrero, para ofrecer una solución o su gobierno «dará instrucciones para que se establezca la denuncia».

A un paso de hacer lo mismo está el aragonés Javier Lambán, que ha hablado en varias ocasiones con el Ministerio de María Jesús Montero, lo mismo que aseguran varios consejeros de Hacienda. Asegura que él no ha encontrado «receptividad» –«si dijera que he visto receptividad, estaría edulcorando la situación»–, pero que aún espera una negativa «clara e irreversible» de Hacienda antes de recurrir a la Justicia. «No vamos a admitir que se nos escamotee el pago», ha dicho.

El resto de comunidades socialistas apuestan más por la negociación que por un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque los ejecutivos de Baleares y de Asturias no descartan «ninguna vía». La Generalitat Valenciana, La Rioja y Extremadura no hablan de momento de un recurso en los tribunales y confían en el diálogo que mantienen con Hacienda, al que varias comunidades han remitido cartas reivindicando el dinero.

Mucho dinero en juego

En juego están 2.500 millones de euros correspondientes a 2017 que las autonomías tenían que haber ingresado en 2019. Desde el Ministerio se insiste en que no es posible ya cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio liquidado, insisten fuentes del departamento a Europa Press. Montero lo dejó claro el martes e insistió en trasladar la culpa al anterior Gobierno del PP, por la maniobra de 2017, y a quien no apoyó los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, en los que se solucionaba la cuestión.

Ante este panorama, las comunidades del PP van a seguir los pasos de Madrid, que recurrió el año pasado en la Audiencia Nacional para cobrar 377 millones del IVA de 2017. El recurso fue admitido a trámite y sigue su curso. Galicia, Andalucía y Murcia han acordado ya también llevar a los tribunales sus exigencias. Castilla y León de momento estudia el asunto.

El gallego Alberto Núñez Feijóo explicó este jueves el procedimiento, que arranca con el envío al Gobierno de un requerimiento previo para que responda en el plazo de un mes. «Si no lo hace o da una respuesta negativa, inmediatamente presentaremos un recurso contencioso administrativo, es decir, lamentablemente llevaremos a los tribunales al Gobierno», constató.