El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este martes a la Comisión Europea que "vigile" que España adopta y cumple de forma "milimetrada" todas las normas europeas sobre gestión de agua tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos.
"Lo que queremos ahora es que la Unión Europea, la Comisión, la que salga además de las próximas elecciones europeas, vigile y obligue a la transposición de toda la normativa y al cumplimiento milimetrado en España de la normativa europea. Eso es lo que queremos", ha expresado en Bruselas
García-Page ha hecho estas declaraciones antes de entregar al comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, un informe sobre le grado de conservación de la ribera y los hábitats de interés comunitario del río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha.
El presidente regional ha subrayado que no ha visitado Bruselas a "pasar un rato" sino a advertir de que la próxima legislatura "va a tener un gran tema sobre la mesa" y su Gobierno va a "llegar hasta el final". "España no puede aspirar a seguir manteniendo (* ) una política desaprensiva que en este momento ya empieza a estar dentro de la categoría de atentado ambiental", ha enfatizado.
A su juicio, la próxima legislatura "tiene que traer una solución definitiva al problema de los trasvases" porque "es inevitable buscar alternativas sostenibles para la necesidad de agua en el levante español". "Es el momento de no perder más tiempo y de buscar alternativas de futuro", ha apuntado.
García-Page ha asegurado además que llegará "hasta el final" pero "tendiendo la mano" al diálogo "institucional" y "sereno" cuando pasen las elecciones, cuando invitará a "buscar alternativas" a los presidentes de Murcia y Comunidad Valenciana, así como al Gobierno de España.
"No es hablar por hablar ni un diálogo de sordos, un diálogo que siempre ha ido en contra de los intereses de mi tierra. Ya es un diálogo con una base muy cierta, y es que por este camino, por este canal, ya no se puede ir más tiempo, tiene que tener un escenario de cambio, de cambio claro, un punto de inflexión importante", ha advertido, no obstante.
El presidente castellano-manchego ha insistido en que "ya no vale el diálogo anterior" y ha criticado que "la política de (Mariano) Rajoy y de (María Dolores de) Cospedal ha sido un claro engaño". "Tendrían que tomar nota los dirigentes actuales del PP en Castilla-La Mancha" y empezar a pedir disculpas al menos por haber engañado y haber traicionado los intereses de la región a la que quieren representar", ha indicado.
Así, ha avanzado que el PP de la región tendrá "una ocasión de oro" de apuntarse a la ley apoyando una resolución que García-Page quiere impulsar por vía parlamentaria, "aunque sea quedando mal con Cospedal" y "llevándole la contraria a sus jefes".
UN TAJO "VIVO"
Junto con el presidente, han hecho declaraciones también la consejera de Fomento, Agustina García Élez, quien ha pedido a la UE que ayude a mantener un río Tajo "vivo" y con caudales ecológicos que "por fin se cumplan". "En el Tajo medio los caudales son insuficientes", ha remarcado, para después destacar que "el efecto inmediato" de la sentencia del Supremo es que "No se puede traspasar más agua".
Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado que el documento entregado al Ejecutivo comunitario "tiene todo el argumento de la técnica" y "no de la política". En él, "se pone de manifiesto la necesidad de que el río tenga en toda su cuenca un caudal mínimo".
"Nuestra posición es la del sentido común, la de la solidaridad pero también la de la necesidad de que el agua que está en Castilla-La Mancha nos ayude a generar desarrollo en Castilla-La Mancha", ha reivindicado.
TORRECILLA: "EL TRASVASE DEBE TERMINAR"
A su vez, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, ha calificado como "lamentable" el estado del río como consecuencia del trasvase Tajo-Segura. "Está afectando a la economía de los ribereños", ha avisado, para después defender que "debe terminar" y "no puede continuar llevando más agua como ahora mismo".
"Siempre hemos querido que fuese una decisión política, pero ha tenido que ser una decisión jurídica la que obligue a poner un poco de orden en el Tajo. Desde aquí exigir al presidente del Gobierno que ponga orden en esto y cumpla con la sentencia lo antes posible", ha dicho.