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22 noviembre 2024
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Page opina sobre la posible reforma del delito de sedición

Para Page, la escalada independentista en Cataluña "tiene que tener una consecuencia penal grave". "Se puede llamar de una manera u otra, pero cualquier Constitución necesita una autodefensa", ha insistido desde Bruselas.

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El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado este jueves que el expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado, Carles Puigdemont, debe someterse a los tribunales «antes de hablar en serio» sobre la reforma del delito de sedición anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Estoy en Bruselas y no me he encontrado a Puigdemont, pero se lo diría también: antes de poder hablar en serio en España sobre algo que afecta a un delito por el que se le quiere enjuiciar tiene que regresar y someterse a los tribunales. Eso para empezar», ha asegurado en declaraciones a la prensa en la capital europea antes de reunirse con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

García-Page ha insistido en conocer primero el «planteamiento concreto» del Ejecutivo, asegurando que por el momento hay muchos «juegos de artificios» y «retórica» en torno al posible cambio en el Código Penal para reformar el delito de sedición y rebajar las penas.

«Hay mucho globo sonda», advierte

«En España hay mucho globo sonda y mi opinión cuando tenga que darla será clara y rotunda», ha explicado, para recalcar en todo caso que la escalada independentista en Cataluña «tiene que tener una consecuencia penal grave». «Se puede llamar de una manera u otra, pero cualquier Constitución necesita una autodefensa», ha expuesto.

Con todo, el dirigente socialista ha lamentado que para abordar un «debate sereno» sobre este tipo de reforma «primero tenían que haber pasado por la justicia los que se han fugado».

Una eventual reforma del delito de sedición para rebajar la pena, que llega ahora hasta los 15 años, podría afectar a los investigados por el ‘procés’ que siguen huidos, entre ellos el expresidente catalán en lo tocante a las medidas cautelares y la posible condena, pero también en lo que respecta a los plazos de prescripción de los hechos presuntamente delictivos, que se podrían ver acortados a hasta cinco años.


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