Asaja Toledo, APAG Guadalajara y Asaja Madrid presentaban este martes una reclamación patrimonial ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por los daños provocados por las inundaciones de fincas agrícolas y ganaderas en las cuencas del río Tajo y sus tributarios en las provincias de Guadalajara, Madrid y Toledo.
La responsabilidad que se le atribuye a la Confederación se vincula a los daños «debido al estado de los cauces, a los desembalses ordenados por el organismo de cuenca durante el mes de marzo y a la falta de planificación y organización de los mismos».
«Desde estas asociaciones no prejuzgamos si la actuación de la Confederación Hidrográfica y sus miembros ha sido o no realizada conforme a la normativa vigente o si ha habido algún tipo de negligencia, sin embargo, entendemos que esa actuación es la causante tanto de las inundaciones como de los daños ocasionados. Por este motivo, con esta acción pretendemos iniciar el procedimiento que a su vez dé paso a las reclamaciones individuales que por daños pudieran formular cada uno de los afectados», señalan desde Asaja.
La reclamación ha sido registrada en la sede de la Confederación del Tajo por Blanca Corroto, Juan Pablo Laso y Francisco García, presidentes de Asaja Toledo, APAG Guadalajara y Asaja Madrid, respectivamente, quienes han coincidido en que «resulta totalmente inadmisible que a la fecha que estamos la Confederación Hidrográfica todavía no haya dado explicación alguna ni haya facilitado datos». «Por el contrario, se han puesto de perfil como si no fuera con ellos», han criticado.
Aunque aún no se han podido cuantificar los daños, los presidentes de las tres organizaciones agrarias han hecho una estimación inicial. «En Toledo se han inundado alrededor de 2.000 hectáreas. Estamos viendo pérdidas muy cuantiosas no solo en los cultivos, también por las inversiones necesarias en la nivelación de terrenos, preparación de la tierra, tratamientos, resiembra. Además, hay daños en naves, aperos y maquinaria. Y la situación de los cauces, faltos de limpieza, ha agravado las consecuencias de los desembalses. En una primera estimación podemos hablar de más de 2 millones de euros en pérdidas en agricultura y ganadería», ha manifestado Blanca Corroto.
Aparte de esta reclamación, las tres organizaciones agrarias han solicitado ante la Delegación del Gobierno la declaración de Zona Gravemente Afectada por Emergencia Civil (anteriormente denominada zona catastrófica) y exigen que lleguen a los damnificados todas las ayudas y medidas que recoge la normativa que la regula, tales como ayudas directas y la apertura de líneas de crédito del ICO, al tiempo que demandan agilidad en la tramitación y el pago de estas.
Asimismo, dicha declaración conlleva diversas medidas fiscales, tales como la exención de la cuota del IBI de las tierras y explotaciones ganaderas; la reducción en el Impuesto de Actividades Económicas para los profesionales agrarios; la exención de las tasas de tráfico para las bajas de vehículos y aperos dañados o para los duplicados de permisos de circulación destruidos o extraviados; la exoneración del abono de cuotas de la seguridad social, manteniendo la condición de dicho período como efectivamente cotizado y la moratoria en cotizaciones de hasta un año sin intereses en el pago de las cotizaciones a la seguridad social.