No es la primera vez que desde LA CRÓNICA recordamos la existencia de una vía judicial para quitarse de encima las obligaciones contraídas con los bancos, esencialmente por créditos. Conseguirlo requiere de una buena argumentación ante el magistrado, que es quien declara a todos los efectos la insolvencia del particular que la solicita.
La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal vigente en España desde 2015. Requiere que el que aspira a beneficiarse de esta norma legal no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez años anteriores, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento «de buena fe», sin ocultar bienes ni ingresos.
El goteo de casos en los últimos meses recuerda que la segunda oportunidad se aplica también en Guadalajara.
Veamos algunos de los más recientes:
• Una mujer se ha visto liberada de pagar nada menos que 159.436 euros. Su insolvencia se produjo cuando tuvo que hacerse cargo económicamente de los gastos médicos de los padres de su entonces pareja. Su situación económica empeoró cuando su madre enfermó y debió hacerse cargo de igual forma de los gastos. Por todo esto, contrajo nuevos préstamos para hacer frente a los antiguos, lo que le llevó a una situación de sobreendeudamiento.
• Otro caso es el de un matrimonio. En esta ocasión, la cantidad de la que se ha liberado asciende a 66.725 euros. Acudieron al mecanismo de segunda oportunidad tras no poder hacer frente al importe pendiente.
• Un hombre se ha librado de tener que pagar 114.934 euros. Necesitó enviar dinero a su país de origen debido a graves problemas de salud de familiares cercanos. Por ello, tuvo que solicitar algún préstamo. Al principio podía pagar las cuotas sin problemas pero, con el paso del tiempo, el incremento de las cantidades por los intereses y la necesidad de nuevos préstamos por motivos parecidos (enfermedad de otro familiar), hizo que se fueran incrementando sus deudas, según lo argumentado.
• Del mismo modo, la Justicia ha cancelado una deuda de 13.765 euros a una pareja de Guadalajara que no podía afrontar los pagos de las cuotas mensuales de sus préstamos y de sus tarjetas de crédito. El deudor se encontraba en una difícil situación económica, ya que contaba con un salario muy bajo como trabajador por cuenta ajena y había solicitado préstamos, cuyos intereses habían creciendo de forma significativa y su capacidad para afrontar los pagos era inexistente.