El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto al presidente regional, Emiliano García-Page, poner a trabajar de manera conjunta a los tres grupos parlamentarios de la región –PSOE, PP y Cs– para realizar de forma conjunta un proyecto de legislación contra la ocupación de viviendas que, amparándose en el artículo 87.2 de la Constitución, pueda ser elevado al Consejo de Ministros para su toma en consideración y su puesta en marcha a nivel estatal.
Tras mantener una reunión con el presidente regional, Emiliano García-Page, Núñez ha indicado en rueda de prensa desde el Palacio de Fuensalida que hoy es «más necesario que nunca que la voluntad política esté por encima de cualquier voluntad de partido» y «la voluntad del PP es la de construir, consensuar, sumar, aunar esfuerzos por el bien y por el futuro de Castilla-La Mancha», ha declarado.
Eso sí, no ha dejado de lado la necesidad de «ser conscientes de los problemas» que sufre la región, algunos derivados de la gestión nacional y otros achacables a las particularidades castellanomanchegas, los cuales han de ser resueltos «por el Ejecutivo regional» pero con la «participación» del PP, algo que siempre intentará.
Por ello, ha planteado este acuerdo que ha sido visto con «buenos ojos», y que pasa por que los tres grupos parlamentarios de la región puedan plantear en base al artículo 87.2 de la Constitución española un acuerdo en la sede de las Cortes para remitir una ley para combatir la ocupación en el conjunto del país, estando motivado por la «inacción del Gobierno de Pedro Sánchez y el abandono que sufren miles de españoles».
«He planteado no mirar a otro lado y que sea Castilla-La Mancha quien lidere una legislación nacional para combatir la ocupación» con el mecanismo legal que permite que el Parlamento autonómico pueda remitir directamente al Gobierno español un proyecto de ley al respecto.
Es por eso que va a dar instrucciones al Grupo Parlamentario Popular para que «de manera inmediata» arranquen los trabajos de la mano de PSOE y Cs para «trabajar en una legislación que pueda ser remitida al Consejo de Ministros para su aprobación y para poner encima de la mesa una legislación contra la ocupación».
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