El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este miércoles no naturalizar el «intento de extorsión» del independentismo a empresarios. «No lo voy a tolerar como presidente bajo ningún concepto», ha añadido.
Bajo su punto de vista, «el único enemigo declarado a que las empresas inviertan en Cataluña es el desquicie independentista», ha indicado García-Page durante su intervención en la presentación del primer vino del mundo con crianza en gruta volcánica de la finca ‘Encomienda de Cervera’ de Almagro.
«Nosotros no tenemos culpa de que el independentismo espante a las empresas», ha dicho y, tras afirmar que a su gobierno le cuesta «mucho» que las empresas se instalen en Castilla-La Mancha, ha manifestado que «lo último» que va a consentir es que se pueda establecer un arbitrio económico con el sector empresarial.
«Bastante hemos visto ya cómo se desprecia la justicia como para que ahora directamente se haga algo injusto», ha concluido el presidente castellanomanchego.
Incertidumbre política en Madrid
Este miércoles se está celebrando en la sede del Senado, por obras en el Congreso, un crucial debate parlamentario, marcado por las condiciones de Puigdemont desde Bélgica para la convalidación, o no, de varios decretos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Los de Carles Puigdemont rechazan una reforma procesal incluida en los decretos-leyes que supone dejar negro sobre blanco el carácter suspensivo de las cuestiones prejudiciales al TJUE, al considerar que atenta contra la futura ley de amnistía, porque permitirá paralizar los casos concretos donde los jueces y magistrados planteen dudas, algo que ya ocurría.
En este contexto, el grupo parlamentario de Junts ha renunciado al turno de palabra en el debate sobre este decreto-ley, donde se incluye la polémica modificación del artículo 43 bis la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una hora antes, la portavoz del partido independentista, Miriam Nogueras, ha asegurado en una entrevista que Junts sigue en el ‘no’, si bien ha confirmado que actualmente siguen «hablando» con el Gobierno.
La víspera, y en este contexto, es cuando se ha lanzado desde Junts la pretensión de subvencionar a la empresas que vuelvan a trasladar su sede social Cataluña y, al mismo tiempo, sancionar a las que se fueron tras el conato de independencia de 2017 y no han retornado.