¿Puede un punto aprobarse por unanimidad después de un intenso debate lleno de reproches mutuos y sin aparentes puntos de acuerdo? En el Ayuntamiento de Guadalajara, sí.
Ha ocurrido este viernes, 27 de diciembre de 2024, cuando lo que se presentaba para su tramitación era algo tan aparentemente aburrido y poco trascendente como la rectificación anual del inventario de la propiedades municipales.
Ha sido al detallar que entre las modificaciones figuraba la recepción de la Cárcel de Mujeres, cuando se han afilado los cuchillos… dialécticos. Y no porque se haya producido con tres años de retraso, sino por serlo en régimen de cesión.
«Menudo negoción la cesión» sentenciaba la concejala Nogueroles, responsable de este área.
¿Quién no quiere un regalo?, se puede preguntar el lector. En este caso, según quien lo vea pues, al menos a juicio de los actuales responsables municipales, viene envenenado.
Para entenderlo, recordemos, que el Estado cedía en 2021 el edificio de la antigua Cárcel de Mujeres al Ayuntamiento, lo que normalizaba al menos legalmente una situación peculiar, tras años de ocuparlo el Ayuntamiento con distintos fines y sin ser su propietario. Era la consecuencia de una petición expresa del alcalde Alberto Rojo que parecía resolver un largo contencioso.
La cesión, y es uno de los puntos más conflictivos, se hace según las estipulaciones firmadas por ambas partes para «un período máximo» de 15 años, que concluye en 2036.
En los últimos meses, con sordina pero de forma recurrente, tanto desde el PP como desde Vox se plantea que eso de gastar dinero en una edificio casi en ruinas y que hay que devolver puede que no salga a cuenta. Tanto que es cada vez más evidente que no saben qué uso se le puede dar y qué rehabilitación aceptarían asumir tanto Guarinos como sus colaboradores.
Lo que dijeron que se haría y no se ha hecho
Demos un sencillo salto en el tiempo hasta los últimos días de marzo de 2023. Fue entonces, apurando los plazos para poder presentar proyectos municipales antes de las elecciones del 28 de mayo, cuando el equipo del anterior alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, daba a conocer su plan para la antigua Cárcel de Mujeres, incluida como una de las promesas del programa electoral socialista de 2019.
De llevarse finalmente a cabo, la antigua cárcel de mujeres de Guadalajara sería rehabilitada como centro de ocio para personas mayores con una inversión estimada de 3.800.000 euros. Las obras no arrancarían, en cualquier caso, antes de 2024. No han arrancado. No arrancarán porque, a día de hoy, los actuales responsables no tienen gran interés en darle un uso a ese centenario edificio.
De aquello quedó este video, que sorprendía entonces y sigue sorprendiendo igual, o más, cuando se ve ahora:
La propuesta se hizo apurando los plazos para poder presentar proyectos municipales antes de las elecciones del 28 de mayo e incluirlo como una de las promesas del programa electoral del PSOE en 2019.
La antigua cárcel de mujeres de Guadalajara iba a ser, dijeron, rehabilitada como centro de ocio para personas mayores con una inversión estimada de 3.800.000 euros.
Se contemplaban espacios para «la realización de actividades deportivas, bailes, charlas, formaciones y proyecciones de cine» destinadas a la tercera edad, según destacó el alcalde, Alberto Rojo, en la presentación.
Enfrente pero en el mismo y electoral 2019, Antonio Román, candidato a la Alcaldía de Guadalajara y número 1 al Senado por el PP, anunciaba que si renovaba como alcalde trabajaría para convertirlo en un Centro de Familia. No hubo caso.
El contrapunto es el estado actual de este edificio, que ya ha recibido numerosas inversiones municipales a lo largo de las últimas décadas, incluso cuando no era propiedad de la ciudad sino del Estado.
En 2025 se va a un cumplir un siglo, exactamente, desde que se construyó este peculiar edificio, según los planos trazados por los arquitecto Ramón Cura. A lo largo de su historia penitenciaria acogió tanto presidiarios como presidiarias, aunque se limitó a las del género femenino años después de la Guerra Civil. Con la llegada de la Democracia, el alcalde Irízar se planteó su recuperación, máxime cuando el suelo había sido cedido en su momento por el propio consistorio.
En aquellos años, sin que el Estado dejase de ser el propietario el inmueble y trabajando en él como auténticos okupas municipales, se llegó a mantener durante años una Escuela Taller, que adecentó lo que pudo. Y se dio por hecho que allí se trasladaría el Archivo Municipal, algo que nunca se culminó.
Pasaban los años, con más olvidos que promesas.
En julio de 2023, ya en el actual mandato, el grupo municipal Aike proponía con una moción proteger más «el patrimonio de edificios públicos vacíos y sin uso en la ciudad, como la prisión provincial y la cárcel de mujeres, que tan solo constan en el catálogo del POM del año 1999 y no están protegidos como Bienes de Interés Patrimonial», una fórmula administrativa que planteaban como mejor alternativa a los BIC, bienes de interés cultural como el bastante desprotegido Poblado de Villaflores, por ejemplo.
«Pedimos su declaración como BIP y no como BIC, porque esa diferencia permite trabajar en el renacimiento y puesta en valor de este tipo de edificaciones, devolviéndoles a la vida cotidiana de nuestras vecinas y vecinos, con unos usos renovados y más acordes al siglo XXI, unos usos que deberían ser consensuados entre el mayor número de personas y que sirvan para crear una mayor ilusión hacia la recuperación de nuestra identidad, nuestro patrimonio y nuestra historia», señalaba Jorge Riendas en una comparecencia ante los periodistas.
Lo más tangible es que un siglo después de construirse, el futuro de la Cárcel de Mujeres es peligrosamente parecido a su presente, tan ruinoso como cualquiera que se acerque a sus muros puede comprobar.
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