Entre siete y diez personas, que no recibirán dinero alguno por su trabajo, serán los integrantes de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Ley de Eutanasia en Castilla-La Mancha. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles el decreto por el que se crea y regula. Este órgano ya estaba previsto en la Ley de Regulación de la Eutanasia.
Las funciones de la Comisión, entre otras, serán las de resolver en el plazo máximo de veinte días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse; verificar en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley; detectar posibles problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en dicha norma, resolver dudas o cuestiones que puedan surgir durante la aplicación de la misma; y elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la ley
Asimismo, la Comisión realizará la verificación previa de que concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.
Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la presidencia de la Comisión será elegida por mayoría simple entre las personas integrantes de la misma, mientras que la Secretaría no será ocupada por ninguno de estos integrantes, debiendo ser llevada por un funcionario de la Consejería de Sanidad. Las personas integrantes de este órganos, así como sus suplentes, serán designados por un periodo de 4 años por el titular de la consejería con competencias sanitarias.