Pese a las nefastas experiencias anteriores, en las que el Tribunal Supremo no atendió sus solicitudes, el Gobierno murciano planteará un nuevo recurso ante esa instancia para intentar mantener en los términos actuales el trasvase Tajo-Segura. De los anteriores reveses queda constancia en los enlaces al final de esta información.
La Región de Murcia defenderá ahora que la «falta de coordinación» entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura compromete la viabilidad del trasvase y no garantiza su funcionamiento, al tiempo que la fijación de caudales ecológicos carece de criterios técnicos que la amparen.
Estos serán los principales argumentos jurídicos en los que se apoyará el recurso del Gobierno murciano y que se basan directamente en las conclusiones del Consejo de Estado sobre la planificación hidrológica nacional.
En declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, ha recordado que el Ejecutivo murciano ha avisado «durante años» de las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de «dejar sin agua a la Región de Murcia, algo que ya han aprobado, yendo en contra de criterios técnicos o jurídicos».
Además, Luengo critica que el Gobierno de Sánchez «también ha ido en contra del Consejo de Estado, quien ha evidenciado que se trata de una tramitación carente de transparencia, sin coordinación entre los planes del Tajo y del Segura y ausente de evidencias científicas que avalen la necesidad de incrementar el caudal a su paso por Aranjuez, tal y como defiende el Gobierno central».
«Ahora vamos a acudir ante el Tribunal Supremo para defender lo que es justo, el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura para abastecer de agua al Levante, para regar y para beber», según Luengo, quien ha asegurado que el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, «siempre ha estado y estará al frente de la defensa de la Región ante los continuos ataques del Gobierno de Pedro Sánchez y su política anti trasvasista».
«No vamos a conformarnos con las migajas que ofrecen como alternativas y que no satisfacen las necesidades ni del sector agrario ni de los dos millones y medio de personas que beben agua gracias al trasvase en la Región de Murcia, Alicante y Almería», ha zanjado.
El Consejo Nacional del Agua de la polémica
El Gobierno murciano tiene previsto arremeter en su recurso contra la «ausencia de claridad y transparencia» en las deliberaciones y votaciones del Consejo Nacional del Agua.
Y es que, según el dictamen del Consejo de Estado, en varias explicaciones de los votos «se pone de relieve que existió cierta confusión acerca de si el texto de la disposición adicional novena que se votaba era el original o el propuesto ‘in voce’ por el secretario de Estado de Medio Ambiente». Por ello, el Ejecutivo autonómico advierte que algunos de los votos se emitieron «condicionadamente» a que la redacción fuera una u otra.
De hecho, el supremo órgano consultivo del Gobierno de España puso de manifiesto en su dictamen que «habría sido deseable» que la votación en el seno del Consejo Nacional del Agua «se hubiera producido sobre una propuesta clara y concreta del texto del proyecto, preferentemente por escrito» y de «modo especial» sobre un asunto «tan relevante» como esa disposición.
Por otro lado, el Gobierno murciano ha recordado que el Consejo de Estado planteó también «dudas» sobre los aspectos relativos a los acuíferos compartidos y la necesidad de coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase.
Así, tal y como puso de manifiesto el supremo órgano consultivo del Gobierno de España, «resulta imprescindible coordinar el contenido de los planes hidrológicos de las cuencas cedente y receptora para garantizar su coherencia», de forma que ambas «reflejen la misma realidad». Asimismo el objetivo es que sus previsiones «respeten la normativa específica reguladora del trasvase del Tajo-Segura».
Dicha labor de coordinación, según el Consejo de Estado, «debería hacerse efectiva, cuando menos, durante la fase de aprobación de los proyectos de plan elaborados por los organismos de cuenca» y, en principio, le «correspondería» al Consejo Nacional del Agua, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, en último término, al Gobierno de España.
En este sentido, el Gobierno murciano ha recordado que el Consejo de Estado apreció una «falta de coordinación» entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura y que puede provocar «una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo-Segura».
«La falta de coherencia entre planes deriva de la circunstancia de que las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Segura han confeccionado sus respectivos planes hidrológicos partiendo de escenarios diversos», tal y como ha aseverado el Gobierno murciano.
Por ello, el Consejo de Estado estimó necesario arbitrar un mecanismo eficaz para la coordinación de los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Segura, entre sí y en relación con la normativa reguladora del trasvase. Se trata, según el dictamen, de una coordinación que le corresponde al Gobierno de España.
El Trasvase no está garantizado, alegan
Además, el Gobierno murciano se apoyará en su recurso en otra de las conclusiones del Consejo de Estado que apunta a que el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica «no garantiza el funcionamiento del trasvase».
A juicio del Consejo de Estado, la satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos del plan del Tajo «se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase mediante el acueducto del Tajo-Segura».
Precisamente en este sentido, el Ejecutivo murciano esgrimirá que el Real Decreto que aprobado para regular la planificación hidrológica «carece de la funcionalidad suficiente para llevar a cabo dicha coordinación», tal y como puso de manifiesto el supremo órgano consultivo del Gobierno de España.
Finalmente, el Ejecutivo murciano también se valdrá en su recurso al TS de otra de las conclusiones del Consejo de Estado que pone de relieve la «ausencia de criterios técnicos para fijar caudales ecológicos».
De hecho, el órgano consultivo instó a considerar la procedencia de establecer criterios técnicos y metodologías «más detallados» para la determinación de estos caudales ecológicos, fijándose por vía normativa criterios comunes para todas las demarcaciones hidrográficas.
