La peculiar demografía de Guadalajara hace que casi toda la provincia vaya a quedarse al margen de una iniciativa de la Dirección General de Salud Pública contra el consumo de drogas.
Desde Toledo se han convocado para el año 2024 las subvenciones dirigidas a ayuntamientos de Castilla-La Mancha «destinadas a financiar la realización de programas de prevención selectiva e indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para personas con drogodependencia».
El pequeño gran problema es que se exige tener al menos 10.000 empadronado, algo que no se cumple en localidades como Sigüenza, Molina de Aragón, Marchamalo, Yebes, Yunquera de Henares, Pioz… todas ellas y alguna más donde los estupefacientes no son sustancias necesariamente extrañas.
Yendo a los datos del INE para 2023, se comprueba que además de la capital (con sus 89.010 vecinos) y Azuqueca de Henares (35.498), sólo superan el umbral requerido en este caso por la Junta tres poblaciones de la provincia de Guadalajara:
• Alovera (13.407 hab.)
• El Casar (13.327 hab.)
• Cabanillas del Campo (11.034 hab.)
Medio millón para actividades contra la droga
En la resolución de dicha Dirección General se indica que las subvenciones objeto de esta convocatoria tienen como límite la cantidad de 540.000 euros.
Las cuantías máximas a conceder por la Consejería de Sanidad para la financiación de proyectos objeto de esta convocatoria podrá ser del cien por cien del coste del proyecto.
En el caso de las subvenciones para programas de prevención selectiva e indicada, la máxima para cada uno de los proyectos será de 90.000 euros.
A su vez, en el caso de las subvenciones para programas de educación de calle dirigidos a personas con drogodependencia la cuantía máxima para cada uno de los proyectos será de 65.000 euros.
Que los tres pueblos que sí cumplen el requisito de población se beneficien de este plan requiere, además, que lo soliciten y les sea concedido en razón de las medidas propuestas.