La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha confirmado a LA CRÓNICA que una de las víctimas de una red de explotación sexual desmantelada en la capital de España es residente de un centro de acogida de Guadalajara.
Desde la Junta de Comunidades, a través del Servicio de Menores de Bienestar Social, se ha insistido a este periódico que «siempre se está pendiente de los menores, sean tutelados o no por la Junta; se colabora con las fuerzas de seguridad para parar este tipo de situaciones y proteger a los menores y así se seguirá haciendo».
LA CRÓNICA no ha podido conseguir que esas mismas fuentes confirmaran si la Administración regional ha abierto algún tipo de expediente interno sobre la actuación de los cuidadores; tampoco si la Junta se personará en el juicio, cuando se produzca, y ni siquiera explícitamente si se han modificado ya los protocolos para evitar que se repitan situaciones como la ocurrida, aunque se sugieren cambios. «Se va a colaborar en todo lo que se solicite a nivel judicial. Aún así, se está trabajando en reforzar todo lo relacionado con el sistema de protección de menores, en colaboración con las fuerzas de seguridad, para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir».
37 detenidos, 9 menores explotadas
La noticia saltaba esta semana, con todo tipo de detalles escabrosos, tras la detención de nada menos que 37 personas, la mayoría dominicanos. Entre ellos hay cuatro marroquíes y algunos rumanos, nigerianos, españoles y cubanos, con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años. Se les atribuye pertenencia a esta banda, que supuestamente explotaba sexualmente a las niñas y las utilizaba para la venta de sustancias estupefacientes.
Las diez liberadas, todas españolas salvo una dominicana y una rumana, tienen entre 14 y 16 años. Cuatro de ellas los agentes las vinculan a centros de menores de la Comunidad de Madrid, otra a un centro de Guadalajara, otra vivía con su familia y otra ya era mayor de edad.
Tras identificar a todas las personas implicadas en la trama – tres de ellas mujeres– se desarrolló un operativo policial para su detención el pasado 30 de noviembre, en el que participaron unos 150 agentes de Policía Nacional.
La operación culminó con la liberación de las diez víctimas y con un total de 37 personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.
Meses de investigación
El asunto no se ha resuelto en un día ni en unas semanas, puesto que la investigación se inició en abril de 2021, al conocerse que una de las víctimas, menor de edad e interna en un centro público dedicado a jóvenes con adicciones, se fugaba con asiduidad y que durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes. No era el único caso, según desveló, ni entre sus compañeras ni con niñas de otras procedencias.
Los agentes confirmaron que la banda contactaba con ellas a través de redes sociales, ganándose primero su confianza para, posteriormente, utilizarlas para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que vendían drogas. Según la Policía «en algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas».
Reacciones políticas en la Comunidad de Madrid
A diferencia de la discreción con la que se está llevando el asunto en Castilla-La Mancha, ha sido el PSOE quien ya ha pedido una comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid en el Parlamento regional. Dancausa aseguraba este martes que «dará toda la información necesaria para que los grupos de oposición entiendan que la Comunidad de Madrid protege a los menores y ayuda las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus funciones».
Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE, ha exigido al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso medidas para proteger a las menores y detectar «si hay más casos en centros tutelados por la Comunidad de Madrid».
Según el PSOE, desde que comenzó la investigación en abril de 2021 cinco de ellas residieron en dos centros de la Comunidad de Madrid y, por tanto, según la responsable socialista, «estaban y están bajo la responsabilidad de la Consejera de Familia».
En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha reiterado su defensa del derecho «a que todos los menores en situación de vulnerabilidad, reciban asistencia y protección y es obligación del Gobierno Regional ofrecerles esa protección».