El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este martes desde el Palacio de Fuensalida los principales ejes de los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma cuyo proyecto acaba de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, que ascienden a un total de 12.102,4 millones de euros, 1.597 millones más en términos absolutos que las cuentas del pasado año, lo que supone un 15,2% más.
En rueda de prensa, ha desgranado algunas premisas apuntando que en el reparto se destinarán 1.000 millones en términos globales al Estado del Bienestar, con 600 de incremento en cuanto a políticas destinadas al desarrollo económico. La intención del equipo de Ruiz Molina es acelerar los trámites para que las cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero.
Se trata de un presupuesto «muy diferente» y que llega a una «situación de excepcionalidad» por la crisis sanitaria, según ha detallado Ruiz Molina, una situación que ha provocado también una crisis económica y social que coloca este contexto en una situación de «incertidumbre y sin precedentes».
Todo ello bajo parámetros de medidas ambiciosas para modernizar el tejido productivo, duplicando la cuantía inversora hasta los 1.400 millones de euros y con «prudencia» en cuanto a sus previsiones, «avaladas por la AIReF».
Estas cuentas regionales se han diseñado en base a unas previsiones que pasan por una caída de la economía del 8,3% en la región durante el presente ejercicio –por un 11,2% de estimación a nivel nacional–, y contemplando un crecimiento del 4,2% en 2021, tres puntos menos que el incremento en términos estatales.
«Hay coincidencias en que nuestra caída será menos acusada porque los sectores más afectados por las restricciones son aquellos en los que la región tiene un menor peso», ha explicado Ruiz Molina, quien explica así la razón por la que la recuperación del próximo ejercicio no será tan acentuada.
Marcado por la pandemia
A la caída de la actividad hay que sumar la necesidad por parte del Gobierno de hacer frente a los efectos de la pandemia para reforzar servicios públicos esenciales. Todo ello después de haber gastado en lo que va de pandemia un 0,64% del PIB en políticas directas contra el avance del coronavirus, por un 0,36% de media nacional. «Somos la región que más esfuerzo ha hecho en términos de renta para combatir la pandemia», ha acentuado Ruiz Molina.
El escenario presupuestario, tal y como ha remarcado Ruiz Molina, viene marcado por la movilización de 140.000 millones de euros de fondos europeos, la supresión de las reglas fiscales y la ausencia de recortes en el gasto público.
Estos mimbres hacen, según el consejero de Hacienda, que se conforme una «voluntad política» de no dejar a nadie atrás en el camino de la recuperación.
Entre los objetivos del texto que ya ha iniciado su andadura parlamentaria se encuentran fortalecer los servicios públicos, impulsar la modernización de los sectores productivos, acelerar la transformación digital, avalar la lucha contra la despoblación, atender a sectores más afectados por la crisis o promover la sostenibilidad ambiental, entre otros.
Crecen todos los capítulos
Según la tabla ofrecida por Ruiz Molina, hay un incremento de 12,5 millones en el apartado de Servicios de Carácter General hasta 184,2 millones; una subida de 92,3 millones de euros en servicios sociales hasta los 881,1 millones; e incrementos de 674,5 y 224,5 millones respectivamente en los apartados de Sanidad y Educación, Cultura y Deporte, que se elevan hasta los 3.664,7 y 2.057,2 millones respectivamente.
Agricultura y Medio Ambiente escalan hasta los 1.583,9 euros (+166,4); las políticas de Desarrollo Económico y Empleo contarán con 461,3 millones (+157,7); Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda parten con 492,5 millones (+224,2); e Investigación, Desarrollo y Nuevas Tecnologías se van a 176,2 millones de euros (+54,9).
Por contra, el gasto destinado a deuda pública, imprevistos y funciones no clasificadas cae ligeramente hasta los 2.601,2 millones de euros, 9,7 menos que en el presente ejercicio.
Con todo, el cómputo global de gasto en Estado del Bienestar se dispara a los 6.591,1 millones de euros, 991,3 más que en 2020. El reparto de este montante contempla entre otras acciones 321 millones más para sanitarios y profesores, 239 más para equipamiento y suministros y 240 para mejoras en infraestructuras.
En materia de personal, se gastarán 330,2 millones más; en gasto corriente, el incremento es de 269 millones; los gastos financieros caen 48,1 y se quedan en 163,3 millones gracias a la refinanciación de la deuda pública; las transferencias corrientes escalan 242 millones; y los fondos de contingencia se situarán 15,8 millones por encima.
Desarrollo Sostenible, muy beneficiado
La sección que más incremento en términos relativos experimentará será la de Desarrollo Sostenible, que contará con 351,6 millones, un 92,2% más; seguida de Economía, Empresas y Empleo, que con un aumento del 43,1% se irá hasta los 419 millones de euros.
Continuando con este orden, el presupuesto de Fomento crecerá un 39,1 hasta 298,1 millones; el del Sescam se dispara un 23,2% hasta los 3.609 millones de euros; el de Hacienda y Administraciones Públicas se incrementa en un 23% hasta 179,5 millones; y el del Instituto de la Mujer sube un 22,7% hasta 29,3 millones de euros.
Del resto, todas suben. Educación, Cultura y Deportes un 12,8% hasta 2.085,6 millones de euros; Agricultura, Agua y Desarrollo Rural un 5,5% hasta 1.327,7 millones; Bienestar Social un 11,5% hasta 843,5 millones; Sanidad un 14,2% hasta 105,6 millones; y Presidencia un 10,5% hasta 21,5 millones. El cómputo del resto de secciones se llevan 251,9 millones, un 90,6% más.
Fondos extraordinarios de 490 millones
Ha reparado Ruiz Molina que las arcas autonómicas recibirán 490 millones de euros más en concepto de fondos extraordinarios REA para acometer la crisis sanitaria, y 392 millones de ese montante se explotarán en 2021, dejando 98 más para el próximo ejercicio. Este dinero, que ha de ejecutarse «con la mayor rapidez», se destinarán sobre todo al refuerzo de los servicios públicos fundamentales.
La previsión de ingresos corrientes apenas crece un 4% hasta los 7.774,2 millones de euros, lo que supone 301,9 millones de euros más. Más concretamente, vía impuestos directos es de 1.575,7 millones, 50 más que en 2020; en cuanto a impuestos indirectos se prevé recaudar 289,6 millones de euros menos hasta 2.538,6; por tasas y precios públicos cae la recaudación en 26 millones hasta los 224; y se recaudan 1,6 millones de euros menos por ingresos patrimoniales hasta 10,4. Por contra, las transferencias corrientes serán de 3.425,5 millones, lo que supone 569 más que en 2020.
Los ingresos de capital se multiplican por tres hasta 1.345,2 impulsados por las transferencias, que pasan de 437 millones ha 1.341 en 2021. La suma de los ingresos de capital y de los ingresos corrientes se va, por tanto, a 9.119,5 millones de euros, 1.203,7 millones más, una subida del 15,2% que explica el montante total de las cuentas generales.
Completan el capítulo de ingresos los no financieros. En activos, la previsión es similar, 2,8 millones –900.000 euros menos que este año–; mientras que los pasivos prevén 2.980.2 millones de euros para las arcas regionales, 394,5 más, redondeando así la cifra de 12.102,4 millones de euros para que la región funcione durante 2021.
Resumiendo, Castilla-La Mancha se irá al 1,1% de su PIB de déficit pudiendo refinanciar endeudamiento de ejercicios anteriores; y todo ello «sin aumentar la presión fiscal» a los castellanomanchegos.