Ahora que se vuelve a hablar de ocupación de viviendas en las Cortes de Castilla-La Mancha, me parece adecuado hacer algunas apreciaciones sobre el uso y manipulación que algunos partidos políticos y medios de comunicación hacen de ciertas conductas delictivas, las cuales las vienen a relacionar, de manera sibilina, con otras actitudes que tienen que ver más con un gesto de protesta política y social contra la especulación y que defienden el derecho a la vivienda frente a las dificultades económicas y sociales.

Con esto, quiero diferenciar la okupación (con K), de la usurpación de viviendas para fines delictivos y/o provocadores de conflictos vecinales.

La okupación (con K) es un movimiento social que se originó en los años 70 y 80, y que suele defender el aprovechamiento de solares, inmuebles y espacios abandonados para uso público, transformándolos en centros sociales o culturales, haciéndolo también en algunos casos, para residencia, tierra de cultivo o incluso para repoblar zonas abandonadas y deshabitadas como fue el caso de Fraguas en Guadalajara, la cual se vuelve a ver amenazada en la actualidad por acciones legales promovidas por la JCCM.

Por otro lado, está la ocupación de edificaciones para la realización de actividades delictivas de distinta índole, lo cual entendemos que es una cuestión que tiene que ver más con el trabajo que le compete a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Justicia, en el sentido de que son los actos delictivos que se desarrollan y se comenten en estas viviendas, los verdaderos problemas que pueden suponer a la sociedad.

De hecho, da igual si dichos actos delictivos se comenten en una vivienda o edificación ocupada o en una de propiedad de los propios delincuentes; al final el problema es el uso delictivo que se práctica en la vivienda, y no si está ocupada o en propiedad.

Dicho esto, resulta molesto, incorrecto y manipulador, como multitud de medios de comunicación han normalizado referirse a toda clase de ocupación de viviendas con la expresión: okupación (con k), así como a todos aquellos que lo hacen, como: okupas (con k). Mezclando así a un movimiento social pacífico, progresista, cultural y defensor de los derechos sociales, con la actividad delictiva más o menos común, la cual ya tiene en la Ley y en las instituciones públicas de seguridad, como pudieran ser las diferentes policías o Guardia Civil; herramientas para ser combatida.

Esta no diferenciación no es casual ni inocente. Es una nueva estrategia de relacionar a los movimientos sociales vinculados históricamente con la Izquierda; con prácticas reprochables, condenables y que son asumidas por la mayoría de la sociedad como recriminables y negativas. Una estrategia que viene bien diseñada y articulada con una enorme operación mediática en informativos, tertulias televisivas, prensa escrita, etc. al igual, y curiosamente, que con una oportuna campaña publicitaria de agencias de seguridad privada.

Llegados a este punto, hablar de okupación (con k) habrá perdido su connotación reivindicativa por parte de la ciudadanía, y habrá pasado a convertirse en un modo más de delincuencia relacionada con el menudeo de drogas y otras actividades comunes en la ocupación de viviendas por delincuentes.

El problema, como decía al principio, no son solo algunos medios de comunicación los que practican esta manipulación, sino que partidos políticos lo fomentan de manera clara y contundente en nuestra región.

Y para más inri, las propias Cortes de Castilla-La Mancha, vienen a referirse a la ley contra la ocupación ilegal de viviendas como “Ley antiokupación” en su página web, como si esta institución padeciera de disortografía.

Por lo tanto, estoy de acuerdo que se persigan todas aquellas actividades delictivas que además provoquen conflictos vecinales. Soy consciente de que a nadie nos gusta que desconocidos ocupen la vivienda de `los abuelos´, pero hay que ser serios y valientes, y atajar el problema de raíz, y no utilizar el problema para beneficio propio, partidista y de forma populista.

Y es que el problema es principalmente, la falta de oferta de vivienda y de oportunidades económicas especialmente para los más jóvenes. Una problemática que viene dada de la absolutamente nula iniciativa del gobierno de la JCCM en esta materia, y que mantiene viviendas con protecciones oficiales construidas por la propia JCCM; vacías y muriéndose de asco, mientras familias castellanomanchegas, las necesitan para tener un proyecto de vida digno y poder salir de la precariedad habitacional.

No menos responsables son los propietarios y grandes tenedores de las que suelen ser las vivienda ocupadas para actividades delictivas; los bancos, fondos de inversión y especuladores, que abandonan estos inmuebles sin ninguna atención y sin importarles lo que allí pasa. Al final, son los vecinos los que sufren las consecuencias del negocio de la burbuja inmobiliaria.

Más le valiera al Gobierno de Castilla-La Mancha, sacar del cajón la tan cacareada Ley de Vivienda para satisfacer las demandas de las familias de la región y dotarlas de un hogar digno, en vez de seguir la corriente populista basada en el miedo y el conflicto.