Primero fue el mantra de “España se rompe” y ahora la alarma nacional sobre la supuesta ocupación ilegal, que los medios de comunicación proclaman a todas horas. Parece ser que cuando nos vamos el fin de semana, salimos a pasear el perro, a tomar un café y volvemos a nuestro hogar resulta que ha sido tomado por desconocidos a los que es imposible echar de manera inmediata.
Los partidos políticos, exceptuando Unidas Podemos, se hacen eco y presentan mociones fundamentadas en estas afirmaciones basadas en los intereses sensacionalistas de los programas televisión y de los anuncios de alarmas.
Es más probable que nos toque el sueldo para toda la vida de NESCAFÉ que encontrar gente no deseada metida en nuestra casa y, si esto ocurre, sería un caso de allanamiento de morada, penado con hasta dos años de cárcel, para alguien que entrara sin permiso en una vivienda que es primera o segunda residencia de su propietario. Puede ser un ladrón con la intención de robar, un familiar violento, una pareja que no acepta un divorcio, o un okupa. En todos estos casos, la justicia siempre da la razón a la persona propietaria y la policía desaloja la vivienda en unas 48 horas, a veces incluso sin esperar a la resolución judicial.
El ordenamiento jurídico español garantiza y ampara, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, a la propiedad y a los poseedores legítimos de viviendas frente al fenómeno de la denominada okupación ilegal.
Pero las mafias son otra cosa, las mafias operan al margen de la ley y todos los comportamientos mafiosos son condenables, tanto los de las mafias que venden las llaves, como las que desocupan, sin olvidar las mafias de guante blanco como los bancos y los grandes tenedores de vivienda.
El Gobierno Autonómico de Castilla la Mancha está preocupado en aprobar una ley anti okupación, cuando no es una cuestión prioritaria, llevamos cinco años sin ley de vivienda, con 1.745 familias desahuciadas en 2019, con un elevado precio de la vivienda, 678.000 personas en pobreza y exclusión social y una nula política de vivienda.
Este país tiene otros problemas estructurales como la sanidad, la educación, las pensiones o el empleo y, en el caso que nos ocupa, el acceso a una vivienda digna, un derecho constitucional recogido en el artículo 47 que se incumple reiteradamente por los elevados precios de los alquileres, las comisiones abusivas de las hipotecas y la falta de leyes que obliguen a los grandes tenedores a poner en el mercado los millones de viviendas vacías a precios asumibles para las familias trabajadoras.
