La retirada de los más de 6.000 metros cúbicos de residuos del vertedero que alguien incendió en Chiloeches hace cuatro años ya se ha culminado. Ha pasado mucho tiempo, pero no ha sido suficiente para que los responsable se sienten en el banquillo, ya que aún no hay vista para la vista de un juicio que se sigue demorando.
Las 8.000 toneladas que han sido retiradas son, en su mayoría, tóxicas. Habían sido acopiadas en la planta de reciclaje que ardió en Chiloeches en agosto de 2016, un siniestro que todo indica se inició de manera intencionada… aunque incluso eso está pendiente de ser acreditado ante un tribunal. Los trabajos, casi un lustro después del suceso, en realidad han concluido antes de la fecha inicialmente prevista. A la espera de una analítica más profunda del subsuelo, la zona afectada se da por limpiada. La labores de limpieza se iniciaron el pasado mes de julio, con un coste superior al millón de euros.
Un incendio voraz y peligroso
El fuego, declarado el 26 de agosto de 2016, provocó emisión de gases y hubo también algún desprendimiento de residuos por las laderas, de ahí que desde la Junta ya se acometieran algunos trabajos de urgencia para evitar que los mismos se pudieran dispersar sobre el terreno en caso de lluvia.
La planta incendiada llevaba funcionando varios años en situación de ilegalidad y fue precisamente cuando llegó el alcalde actual al Consistorio, José Andrés García, cuando se inició un expediente para la legalización de la actividad.
Al no recibir respuesta alguna se inició otro expediente para la cancelación de actividad que finalizó con la clausura el 17 de junio de 2016 por actividad clandestina por no disponer de licencia de apertura o autorización de puesta en funcionamiento para el ejercicio de su actividad, tal y como ha admitido también el primer edil.
A la espera del juicio
Este verano, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados –18 personas físicas y tres jurídicas–, a quienes, en algunos casos, se les reclaman por parte de la Fiscalía penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros.
«Se ha hecho un buen trabajo»
La recuperación de estos terrenos ha sido confirmada por el delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, José Luis Tenorio. La labor de la Junta de Comunidades en este caso se ha limitado a realizar un seguimiento sobre los trabajos que ha realizado la empresa propietaria de los terrenos, pero Tenorio cree que, por el seguimiento semanal que han realizado ellos, «se ha hecho un buen trabajo» y «han cumplido con seriedad».
En cuanto a la analítica que se está llevando a cabo ahora, según la información que han recibido en la Junta, va a consistir en la retirada de muestras a diferentes profundidades con el fin de analizar la presencia de los elementos presentes. Si han llegado al subsuelo, habrá que tomar nuevas medidas.
«Nuestra misión terminará cuando comprobemos que el terreno está en unas condiciones medioambientales óptimas», ha señalado el delegado de Desarrollo Sostenible, tras precisar que, en todo caso, a la espera de estas analíticas, todo parece indicar que va a ser así.
1.300.000 euros por la limpieza
Estas labores se iniciaron el pasado julio y, según el documento técnico realizado para planificar la extracción del material contaminado de la planta, contemplaban la retirada de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos tóxicos, el 80% de ellos tóxicos, con un coste aproximado de 1,3 millones de euros.
En ello se contempla todo tipo de residuos, sólidos y líquidos calcinados, tóxicos y no tóxicos, localizados en las instalaciones de KUK Medioambiente.
En el documento técnico de casi cien páginas que hubo que presentar al Gobierno regional para especificar los trabajos a realizar se contemplaba la actuación en una superficie de casi 3,4 hectáreas, incluyendo en ello la limpieza de la solera de hormigón y de las balsas.
El propio delegado confirmaba en su día que para la realización de estos trabajos la empresa propietaria de la parcela, Altamira Real Estate S.A., tuvo que elaborar un plan de seguridad y vigilancia.