La nueva Ley del Juego de Castilla-La Mancha, que este martes ha tomado en consideración el Consejo de Gobierno, prevé una distancia mínima de 300 metros entre los locales y los colegios, a la vez que aumenta las sanciones previstas «de manera muy importante».
Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha señalado que ahora la norma pasara al Consejo Consultivo y que la intención de la Junta es aprobarla a finales de abril o primeros de mayo con el fin de que pueda entrar en el registro de las Cortes en esas mismas fechas.
El consejero ha argumentado que esta ley se dicta en consecuencia con las competencias de la región en materia de juego y que será la tercera de la que se dote la Comunidad Autónoma en 40 años. Además, ha señalado que se trata de un compromiso del Gobierno regional dada la «importante expansión» del sector del juego en la región y la consecuente preocupación social que conlleva en la sociedad.
EQUILIBRAR LOS INTERESES
Ruiz Molina ha afirmado que el objetivo es equilibrar los intereses de esta actividad económica con la necesidad de hacer frente a las «realidades negativas» que el juego produce en la sociedad actualmente, ya que la actual norma del 2013 ha «facilitado» la proliferación de establecimientos en la región.
En este sentido, ha apuntado que antes de que se aprobará la norma en 2013 había 51 establecimientos de juego en la región, que se han multiplicado por cuatro en siete años, ya que en 2020 la cifra es de 200, lo que supone que hay 9 locales de este tipo en la Comunidad Autónoma por cada 100.000 habitantes.
Un dato, ha manifestado el consejero, que es superior a lo que registran otras comunidades autónomas, puesto que regiones como Madrid y Cataluña registran 7 locales por cada 100.000 habitantes la primera y 2 por cada 100.000 la segunda. Mientras que en otras regiones como Galicia hay una densidad de locales de 3 por cada 100.000 habitantes y en Castilla y León de 5.
NOVEDADES
Con todo, ha indicado que las novedades que recoge esta nueva ley pasan por introducir por primera vez un conjunto de principios rectores sobre los que se tienen que sustentar las políticas públicas de la administración en materia del juego, pensando en la ciudadanía y el sector.
En cuanto a la ciudadanía, los principales principios rectores son los que están relacionados con la prevención y protección a los más vulnerables –menores 18 años, adictos e incapacitados legal o judicialmente–, así como la transparencia y la seguridad para evitar fraudes.
Respecto a los principios rectores relacionados con el sector tienen que ver con el fomento de la seguridad jurídica y el empleo estable y de calidad en el sector.
Otra novedad que introduce esta norma es que se potencia «ampliamente» las políticas de juego responsable por lo que se fomenta la sensibilización y la concienciación sobre las consecuencias de una práctica inadecuada del juego, por lo que se crea el Observatorio del Juego Responsable en el que están representados todos los sectores.
SE PROHÍBE LA PUBLICIDAD
Se prohíbe igualmente la publicidad de esta actividad tanto en los medios de comunicación como en los establecimientos, aunque sí que se permite en revistas especialidades, el interior de los locales.
En cuanto a la ubicación de los locales de juego no podrá haber una distancia inferior a 150 metros entre unos y otros para evitar la excesiva proliferación y concentración; y los locales deberán guardar una distancia mínima de 300 metros a los colegios para evitar que sen un reclamo para estudiantes.
Recoge la Ley la posibilidad de que los municipios declaren parte de su zona municipal como zona saturada de locales de juego cuando el ayuntamiento considere que en determinados barrios de su término municipal, aun respetándose las distancias, haya un exceso de estos establecimientos.
Ruiz Molina ha aclarado que estos dos requisitos no afectan ni a los bingos ni a los casinos porque no generan «tentación» a los menores, según los estudios de la Junta, y porque tienen un sistema de acceso más riguroso de los que tienen los locales de juego.
PERIODO TRANSITORIO DE ADAPTACIÓN
Ha afirmado igualmente que se dará a los locales un periodo transitorio de adaptación de cuatro años, hasta 2028, pensando en los locales a los que se les termina la autorización en 2024, con el fin de que si incumplieran en distancias puedan buscar otro local o hacer las adecuaciones oportunas.
También recoge la normativa novedades en el control de acceso a los locales, por lo que se exigirá que haya sistemas automatizados con el fin de que los menores de edad y los «autoprohibidos» –ludópatas que han solicitado a la Administración que no puedan entrar a locales de esta naturaleza– puedan tener acceso.
Se hace también una «importante revisión» del régimen sancionador estableciendo sanciones muy graves que no estaban previstas como al permitir la entrada de menores o autoprohibidos, o incumplir el horario de cierre. A lo que suma el aumento «muy importante» de las sanciones. «No puede ser que para algunos locales sea más beneficioso incumplir y pagar para continuar con ilícita actividad».
Se va a modificar también parcialmente el régimen tributario de esta actividad adecuándolo los tipos impositivos a lo que están haciendo otras comunidades autónomas y haciendo un sistema más equitativo entre los diferentes tipos de juego. Una parte de la recaudación irá a parar al Observatorio del Juego Responsable.
Finalmente, el titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que esta nueva Ley del Juego de Castilla-La Mancha contendrá una definición «bastante detallada» de cada uno de los tipos de juego.
