Los dos directivos que supuestamente crearon el entramado de empresas pantalla para la introducción en España de material informático sin ingresar el IVA repercutido, sirviéndose de facturas falsas que emitían entidades de la trama, han prestado declaración en el segundo día de la macrovista que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara por fraude tributario y falsedad documental.
Un juicio que este jueves celebraba su segunda jornada, en la que han prestado declaración los entonces socios J.G.G. y J.C.M.B., eludiendo ambos su participación en este entramado y su vinculación con la labor de contabilidad que presuntamente se requería para esta defraudación de casi 30 millones de euros en IVA.
Así, en el primer caso, J.G.G. ha tratado de culpabilizar a terceros aludiendo a que la contabilidad se la llevaba una gestoría. Si bien ha reconocido que sí se encargaba de las contrataciones y de gestionar las empresas, e incluso constituirlas y de todo lo relacionado con los temas fiscales, ha asegurado que era más labor organizativa y no de gestión.
J.G.G., administrador de empresas como Brown Square, Soluciones Informáticas, Memomatic Unipessoal Lda, Informática 2013 o Bigpool, ha caído en algunas contradicciones, insistiendo en su declaración en que eran los gestores quienes preparaban las declaraciones de IVA, ni él ni su socio JC.M.B. lo hacían porque «para eso tenían gestores y bien caros».
Sobre su hija, T.G.G., también involucrada en la trama, ha apuntado que si bien la Fiscalía del Estado sostiene que controlaba el departamento de Contabilidad, «no podía hacer ningún cobro o pago» sin que él lo dijera. «Mi hija, bajo ningún concepto sabía de eso» porque no tenía conocimiento de contabilidad, ha subrayado.
J.C.M.B. ha insistido en que su labor era meramente comercial pero si ha mencionado en varias ocasiones que la gestión de las empresas corría a cargo de J.G.G, que era también quien se encargaba de ir a las notarias a los testaferros.
Además, ha incidido en que él no se encargaba de gestiones fiscales ni administrativas sino que de la contabilidad se ocupaba la hija de su exsocio que, además, cobraba un buen sueldo por ello. «Yo, de cosas de cuentas, nada», ha dicho, cayendo también en ciertas contradicciones.
La vista se reanudará el próximo martes, fecha a partir de la cual, en principio, pasarán por la sala los otros 25 acusados, testigos y peritos, estando previsto que el juicio se prolongue hasta aproximadamente el próximo 29 de junio.
Los acusados son juzgados por haber obtenido un beneficio patrimonial ilícito mediante la defraudación de IVA entre el 2014 y el 2017, por un valor cercano a los 30 millones de ellos, todo ello, sirviéndose de un entramado empresarial, solicitando la Fiscalía penas que van desde los 12 años y seis meses a los 18 años y seis meses.