El Gobierno central ha evitado responder si concederá o no el indulto a los seis jóvenes repobladores de Fraguas, que fueron condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara a una pena de un año de prisión y seis meses por un delito contra la ordenación del territorio y a la demolición de este paraje. La sentencia fue ratificada después por la Audiencia Provincial.
El senador de Compromís Carles Mulet preguntaba al Ejecutivo central de Pedro Sánchez si tenía pensado el Consejo de Ministros conceder el indulto a estos jóvenes que repoblaron Fraguas y si tenía pensado interceder ante el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha para propiciar un acuerdo con los condenados y evitar el derribo de las construcciones.
En una respuesta parlamentaria del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press para LA CRÓNICA, el Ejecutivo asegurado que «uno de los principios cardinales de la relación entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas es la lealtad institucional».
En este sentido, a juicio del Gobierno, «resulta indudable que interferir en una decisión adoptada por un Gobierno autonómico, sin que dicha intervención del Gobierno estatal esté prevista por el ordenamiento jurídico, sería desconocer el citado principio de lealtad institucional».
De esta forma, ha evitado pronunciarse si concederá o no el indulto a los pobladores de Fraguas, perteneciente el término municipal de Monasterio.
