Una larguísima relación de unos 80 jueces decanos de toda España, incluido el de Guadalajara, se han sumado al rechazo expresado también por todas las asociaciones judiciales –tanto conservadoras como progresistas– a la parte del acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno que contempla una revisión parlamentaria de las decisiones judiciales. Los dos partidos políticos se ponen de acuerdo para detectar supuestos casos de ‘lawfare’, o de judicialización maliciosa contra políticos, y que se deriven «consecuencias».
«Mostramos igualmente nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias», han dicho los firmantes, en un comunicado donde se adhieren al texto conjunto emitido el jueves por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
En Guadalajara, quien lo ha suscrito es Ricardo Gallego Córcoles, que ocupa este cargo desde 2021. Resultó elegido por unanimidad, algo que no fue difícil ya que se trataba de la única candidatura presentada.
Este magistrado, de origen albaceteño, es titular del Juzgado de Menores de Guadalajara desde el año 2015. Ingresó en la Carreja Judicial en 2004, siendo su primer destino el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid.
Posteriormente sirvió destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Clemente (Cuenca), pasando después al Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Hellín.
Después de ascender a magistrado en el año 2008, ejerció en el Juzgado de lo Penal número 1 de Granollers (Barcelona). Ya como juez especialista en menores, en el año 2010 fue destinado al Juzgado de Menores número 2 de Córdoba, pasando después al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla (Madrid).
Tras ejercer como magistrado de refuerzo en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, desde el año 2015 sirve destino en el Juzgado de Menores de Guadalajara.
Ricardo Gallego Córcoles es además miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).
Todos los jueces, en bloque contra el acuerdo
Las cuatro asociaciones de jueces, unidas de forma insólita dadas sus muy diferentes sensibilidades, se hicieron eco de que «el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
«Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes», indicaron.
Frente a ello, respondieron que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución».
Así, denunciaron que «estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables». «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», afirmaron.
Cabe recordar que las tres asociaciones de fiscales –AF, UPF y APIF– también expresaron su rechazo a estas comisiones parlamentarias, así como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que supone una inusual respuesta unánime de jueces y fiscales.
