El Consejo Regional del Pueblo Gitano, aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, entrará en vigor en un mes, tras la publicación este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del Decreto de la Consejería de Bienestar Social que lo regula.
Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dicho Consejo formulará propuestas y recomendaciones en materia de desarrollo y promoción del pueblo gitano; canalizará las propuestas de las organizaciones del movimiento asociativo gitano, referentes a su desarrollo y promoción integral, así como a la superación de desigualdades.
De igual modo, promoverá la cooperación y colaboración entre las organizaciones del movimiento asociativo gitano y la Administración autonómica en materia de sus competencias; impulsará estudios sobre actuaciones relacionadas con el desarrollo y la promoción integral del pueblo gitano e iniciativas de sensibilización respecto a la convivencia con el pueblo gitano o elaborará una memoria anual sobre su actividad en el que se incluyan propuestas dirigidas a mejorar las políticas sociales con la comunidad gitana, que se remitirá al Consejo Asesor de Servicios Sociales.
El Consejo Regional del Pueblo Gitano va a contar con la participación de más entidades, pasando de 20 a 25 miembros, ampliándose así la representación del movimiento asociativo gitano en una comunidad que está formada por unas 40.000 personas en Castilla-La Mancha.
Contará además con dos vicepresidencias representadas por entidades del Pueblo Gitano, y una de ellas estará desempeñada por una mujer, "que represente a las mujeres gitanas y la defensa de los derechos de las entidades que trabajan por la mujer gitana".
Horas después del Día Internacional
La publicación llega horas después de que acabar la celebración, el 21 de marzo, del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, una iniciativa de las Naciones Unidas cada 21 de marzo desde 1966.
Según figura en la web de la Fundación Secretariado Gitano, "el rechazo social con una motivación antigitana, sigue siendo un patrón común en nuestras sociedades y se traduce en actos discriminatorios y en algunas ocasiones en delitos de odio. Sigue siendo habitual la denegación de acceso a locales de ocio a jóvenes de etnia gitana, la vigilancia, persecución y criminalización en los centros comerciales que padecen especialmente hacia las mujeres por prejuicios étnicos y sigue siendo frecuente la discriminación en el alquiler de vivienda o en procesos de selección de empleo, entre otros".
Consideran que estos y otros casos "siguen sin ser abordados de una forma adecuada e integral por una Ley de Igualdad de Trato que dé una respuesta holística y contundente a todas estas formas de discriminación. La falta de regulación normativa para aquellos actos discriminatorios que no constituyan un delito, sigue siendo en estos momentos uno de los grandes déficits en la lucha contra la discriminación, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas a nuestro país por parte de distintos organismos internacionales".